Diputados extorsionadores
| Autor | Jesús Cantu |
Esto es precisamente lo que sucede con las denuncias difundidas por el diario Reforma en su edición del pasado jueves, en relación con las extorsiones que sufren algunos alcaldes por parte de algunos diputados que aprovechan su poder en la definición del presupuesto de egresos federal para obtener beneficios personales.
Anualmente los medios de comunicación dan cuenta de las gestiones y cabildeos de gobernadores y alcaldes ante los diputados para obtener más recursos y así concretar sus promesas de campaña o atender necesidades apremiantes de sus comunidades. Reforma entrevistó a dirigentes de las asociaciones de alcaldes, a presidentes municipales en funciones, exalcaldes y hasta a algunos legisladores que confirmaron que muchos diputados aprovechan su posición para lucrar.
Las tres vías que utilizan, de acuerdo con la publicación, son apoyar a los funcionarios a cambio de que incluyan obras para sus distritos o en beneficio personal; asignar las obras o servicios a determinados contratistas; y, los más descarados, solicitar una comisión de 10% de las partidas. El mismo día de la publicación de la información, los coordinadores del PAN y PRI en el Senado y el presidente de la Comisión de Régimen Jurídico y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados solicita-ron presentar denuncias acompañadas de pruebas.
Todos condenaron los hechos, pero ninguno aventuró siquiera la idea de iniciar una investigación de oficio o hacer propuestas para terminar con estas prácticas. El mismo periódico tuvo que salvar varios obstáculos para soportar su información con declaraciones respaldadas por "fuentes confiables", pues varios de los entrevistados denunciaban lo que ocurría pero solicitaban el anonimato.
Precisamente por la dificultad para soportar con pruebas jurídicamente válidas el abuso de poder y el tráfico de influencias de los gobernantes mexicanos se tipificó en el Código Penal el enriquecimiento inexplicable, que deja la carga de la prueba de la licitud del origen del crecimiento desproporcionado de la riqueza en los servidores públicos. Este tipo delictivo es la vía más transitable en el presente caso, ya que los diputados no entregaron recibos de honorarios por la prestación de sus servicios ni tienen constancias en los registros públicos de la propiedad de su participación en las sociedades de los contratistas.
Las grabaciones o incluso las videogra-baciones no son pruebas jurídicamente válidas, así que de nada serviría presentarlas. Los...
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