El director del Inacipe: inviable, un fiscal general independiente

AutorJorge Carrasco Araizaga

La discrepancia comenzó cuando Andrés Manuel López Obrador anunció desde su precampaña que de ganar las elecciones propondría a los próximos fiscales general y anticorrupción. Hasta dio nombres de quienes podrían ser. La advertencia alertó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que habían contribuido para que el Congreso detuviera la designación de un "fiscal carnal", como pretendió el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ahora López Obrador se mantiene en su postura, a contrapelo del activismo de influyentes organizaciones sociales, pero también de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en lo que es el primer desacuerdo público en la luna de miel que el candidato ganador y los empresarios han pretendido difundir tras los comicios del domingo 1.

Ninguna de las partes cede, aunque la semana pasada comenzaron formalmente una serie de encuentros en los que el único punto de coincidencia es que se debe cambiar la forma en que México ha "procurado" la justicia, a la vista de que es uno de los países con más impunidad en el mundo. Apenas uno de cada 10 delitos se castiga.

Gerardo Laveaga, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, está en favor de que el presidente de la República mantenga la facultad constitucional de proponer al que será el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), la entidad que sustituirá a la centenaria Procuraduría General de la República (PGR).

La autonomía que reclaman las ONG para el nuevo fiscal general la reserva el investigador para quien será el nuevo fiscal anticorrupción.

"Todos estamos de acuerdo en que se deben combatir la corrupción y los altos niveles de impunidad. Cuando vemos que algunas procuradurías tienen un nivel de impunidad de hasta 95% es claro que tenemos que hacer algo. Pero en el debate sobre la autonomía de la fiscalía hay una confusión", comenta en entrevista.

Con su insistencia de que debe castigarse a los funcionarios corruptos, dice que los delitos contra los servidores públicos no se pueden perseguir igual que los de la delincuencia federal: "El resultado es que no se persiguen unos ni otros. Por eso es necesaria una fiscalía anticorrupción independiente, que única y exclusivamente se concentre en los delitos de los servidores públicos".

Las ONG piden que la FGR sea autónoma, como lo dice el artículo 102 de la Constitución, pero buscan una nueva reforma para que la designación del titular y de los fiscales anticorrupción y de delitos...

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