Duque pone en riesgo los acuerdos de paz con las FARC

AutorRafael Croda

BOGOTÁ.- El presidente colombiano, Iván Duque, que comenzó su gestión en agosto pasado con una agenda de gobierno mucho más moderada de lo que esperaba su partido, el derechista Centro Democrático (CD), ha terminado cediendo, con el paso de los meses y por cuenta de un desplome en su popularidad, frente al sector más extremista de esa colectividad política.

Este alineamiento del mandatario con posturas más conservadoras ha corrido el debate político colombiano hacia los terrenos de la extrema derecha.

Hasta hace pocos meses, durante la etapa final del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), la premisa era implementar los acuerdos de paz alcanzados con la exguerrilla de las FARC. Hoy, la premisa del CD y de su líder, el expresidente Álvaro Uribe, es socavarlos.

Y Duque, quien llegó a la política hace apenas cinco años de la mano de Uribe tras una larga carrera en el Banco Interameri-cano de Desarrollo, aparece en el nuevo escenario como un mandatario acotado por su inexperiencia política y por la influencia que ejerce su mentor en los asuntos de gobierno y en el Congreso, donde encabeza la bancada del CD.

La cruzada de la ultraderecha colombiana tiene en la mira a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a las altas cortes colombianas.

La JEP es el tribunal que juzga los delitos cometidos en el conflicto armado por guerrilleros, militares, policías y civiles, y puede imponer penas muy bajas a los culpables -de entre cinco y ocho años de "libertad restringida"-, si ellos cuentan la verdad a las víctimas, algo que, según la oposición, "aterra" al uribismo, por su historial con el paramilitarismo.

Y las altas cortes, como la Suprema y la Constitucional, han sido cuestionadas por Uribe desde que fue presidente (2002-2010) pues le impidieron postularse a una reelección y le abrieron indagaciones relacionadas con delitos de lesa humanidad y espionaje a sus adversarios políticos.

Uribe, quien tiene una mala imagen entre 57% de los colombianos, según la en-cuestadora Datexco, enfrenta ahora mismo 16 causas penales en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y en julio pasado ese tribunal lo llamó a juicio por los delitos de soborno y manipulación de testigos.

Con esa presión judicial, el poder político se ha convertido para el expresidente en un "pasaporte a la impunidad", afirma el senador izquierdista Iván Cepeda, quien asegura que por esa razón un punto central en la agenda del gobernante CD es lo que ellos llaman una "reforma a la justicia", que buscaría restringir las competencias de las altas cortes.

Para Cepeda -a quien según la CSJ Uribe trató de implicar en delitos presionando a testigos para que declararan contra él-, lo que hay en Colombia es una campaña de desprestigio contra los acuerdos de paz con las FARC, que...

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