El Ejército contra el Ejército
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Cada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando.
Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas... pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas sus zonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo.
Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas por los propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropa son despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún general, almirante ni otros oficiales superiores; sólo mandos medios, grumetes y soldados rasos.
Una vez que pasaron lista, deben tomar un desayuno insalubre, en trastes de plástico manchados por no lavarse en varios días, rellenos una y otra vez del potaje extraído de la llamada "cazuela del perro".
Luego se les ordena permanecer en un lugar para el adiestramiento, que no les dan, pero rompen filas hasta que algún oficial lo decide. Los originarios del Distrito Federal van con sus familias, pero la mayoría, sin ingresos y venidos de lejos, permanecen inactivos, esperando por años que se resuelva su caso.
Están ahí en cumplimiento del artículo 6 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados (RGMPS), norma que no reglamenta ninguna ley.
Los motivos por los que cumplen esa prisión a medias no son claros para alrededor de 2 mil efectivos indiciados por la justicia castrense que están repartidos en las regiones militares. No fueron sentenciados por un tribunal ni se les acredita aún ningún delito, pero en general fue por "sospechosos" que perdieron la libertad, sus derechos laborales y su patrimonio, además de que no cuentan con seguridad jurídica.
"Dando una interpretación mezquina a la Constitución, nos convierten en víctimas de un código de justicia militar que es ambiguo, confuso, arcaico. Estamos indefensos, marginados, percibiendo el 10% de nuestro salario, muchas veces acusados por encontrarnos en la parte inferior de la cadena de mando", explica el capitán segundo Manuel Contreras Marqueda.
A ello se suma la cancelación de créditos hipotecarios y la confiscación de bienes facultada por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Banjército.
Desde enero de 2011, un grupo de oficiales que forma parte del agrupamiento emprendió una serie de acciones para exigir la derogación del fuero de guerra, que consideran injusto para los propios militares y en el que, dicen, se basa la impunidad en violaciones a los derechos humanos de civiles. Incluso señalan que orilla a soldados a suicidarse o bien desertar o enrolarse en grupos criminales, con tal de "subsistir a cualquier costo".
De acuerdo al párrafo segundo del artículo 13 constitucional, en México "subsiste el fuero...
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