Un ejército indefenso
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Hacia las 9:00 horas del lunes 9 de abril un convoy del programa Oportunidades salió de Tuxtla Gutiérrez para llevar apoyos económicos a los Altos de Chiapas. Ya había pasado por San Cristóbal de Las Casas y se dirigía a Navenchauc, una comunidad tzotzil de Zinacantán. Llevaba 1 millón 635 mil pesos que repartiría entre indígenas pobres. Dada la inseguridad en la entidad lo escoltaban una patrulla de la Policía Estatal y otra de la Municipal.
Entre las comunidades de Nachigy Ya-lentay el convoy tuvo que disminuir la velocidad por las malas condiciones de la carretera. Un grupo de hombres armados le marcó el alto y se inició el tiroteo.
Ahí quedaron los cuerpos de la trabajadora de Oportunidades Lucía Guadalupe López Cruz, de un pagador del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), del policía estatal Romeo Hernández y del indígena Pedro Sánchez Pérez. Hubo dos heridos de los que un día después falleció uno: la empleada de Oportunidades Adriana Aguilar. Cinco muertos en total.
Un año antes, el 13 de mayo de 2011, en el mismo estado pero en el municipio de Simojovel, cuatro personas fueron asesinadas en otra emboscada a personal de Oportunidades.
Durante el sexenio de Felipe Calderón la violencia se ha incrementado en 24 estados. Las dependencias del sector social han tenido que modificar la operación de programas, suspender la entrega de apoyos e incluso supeditar sus labores a la presencia de fuerzas policiacas o militares.
Los riesgos son muchos. Hay carreteras con retenes permanentes de la delincuencia, ranchos han sido desalojados por grupos delictivos, empleados federales han sido asesinados o levantados, o quedaron en medio de tiroteos y hasta los han confundidos con sicarios. No obstante el gobierno federal no cuenta con un programa de atención a esos empleados que están expuestos a la violencia.
Mediante una serie de solicitudes de acceso a la información, Proceso comprobó esta carencia en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), de Agricultura (Sagarpa), el Sistema DIF, el Fondo Nacional de Empresas Sociales (Fonaes), Leche Industrializada Conasupo (Liconsa), el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Programa Nacional de Desarrollo Humano Oportunidades.
Concretamente se solicitaron datos sobre robos, despojos, privaciones ilegales de la libertad y secuestros ocurridos durante la operación de los programas sociales en la presente administración federal. También se solicitaron los diagnósticos de rutas de riesgo, zonas inseguras y...
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