Emplaza la CIDH a Peña a informar sobre las desapariciones en Tamaulipas
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
La desaparición de al menos 36 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante el primer semestre de este año presuntamente a manos de personal de la Secretaría de Marina (Semar) puede convertirse en un caso más que marque a la administración de Peña Nieto. El amedrentamiento a los familiares que las buscan y a los defensores de derechos humanos que los acompañan -incluida la titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Karla Irasema Quintana Osuna-contextualiza las indagatorias de las carpetas de investigación atraídas por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FED) de la Procuraduría General de la República (PGR).
La FED, a cargo de Abel Galván Gallardo, asumió los casos de desaparición luego que el 30 de mayo último desde Ginebra el entonces Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, urgió al presidente Peña Nieto a "poner fin a la ola de desapariciones" en la ciudad fronteriza.
Ra'ad al Hussein sustentó su exigencia con un informe de 24 casos documentados por su personal en México. A esa cifra se fueron sumando expedientes abiertos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), hasta llegar a 36, aunque se estima que son 50 las desapariciones atribuidas a marinos en el primer semestre de este año.
Antes de que el presidente Enrique Peña Nieto deje su cargo deberá informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la "ola de desapariciones" en Nuevo Laredo, luego de que a finales de agosto esa instancia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) le solicitó un reporte al respecto.
Desde los primeros días de mayo de este año Proceso ha dado seguimiento a las denuncias contra el personal naval acantonado en Nuevo Laredo presentadas por familiares de víctimas, sus abogados y el CDHNL, así como de los mensajes intimida-torios y de estigmatización que han recibido a través de redes sociales, hecho del que ni este semanario se ha salvado (Proceso 2166 y 2170).
Como encargada de la Asesoría Jurídica Federal, órgano de la CEAV de la representación legal de 31 de las 36 familias que se han atrevido a señalar a marinos como responsables de desaparecer a sus seres queridos, Quintana Osuna tampoco ha estado exenta de la estigmatización ni de acciones que ella interpreta como "amedrentamiento" por parte de la PGR.
Con la...
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