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Empresas tecnológicas de vigilancia negocian sin control en México y América Latina: informe

 
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Empresas tecnológicas de vigilancia negocian sin control en México y América Latina: informe

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, asesinado en Sinaloa en mayo del 2017, denunció ser uno más de los objetivos del software malicioso (malware) Pegasus, una herramienta de vigilancia comercializada por la compañía israelí NSO Group, que sólo se comercializa a gobiernos. Este caso se suma a otros 24 objetivos del uso de este malware, entre periodistas, organizaciones de la sociedad civil, activistas, políticos y abogados.

El anuncio es a su vez el más reciente ejemplo hecho público de cómo “la adquisición y uso de herramientas de vigilancia por parte de estados en América Latina, sin la debida protección, ha ocasionado en años recientes abusos en contra de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas”, según consta en el informe La adquisición y el abuso de tecnologías de vigilancia privada en América Latina, firmado por Al Sur, un grupo de organizaciones de América Latina “que busca fortalecer los derechos humanos en el entorno digital”, según su propia descripción.

Basta recordar que el malware Pegasus ha sido utilizado en contra de periodistas como Carmen Aristegui, Rafael Cabrera e Ismael Bojórquez; Karla Michel Salas y David Peña, representantes legales de los familiares de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte; Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor, y Luis Encarnación, de la coalición Contra Peso, activistas a favor del impuesto especial a las bebidas azucaradas; Ricardo Anaya Cortés, excandidato presidencial del PAN, y Roberto Gil Zuarth y Fernando Rodríguez Doval, también de extracción panista, y hasta los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó el asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa.

El contexto en que se da este auge de adquisiciones y uso de sofisticadas herramientas de vigilancia en América Latina es uno de “dictaduras y conflictos armados” en los que “se violan sistemática y generalizadamente los derechos humanos con recursos como la recolección y vigilancia de datos de manera poco clara y desproporcionada, en una cultura de falta de transparencia, corrupción e impunidad”, de acuerdo con el informe.

“Este escenario no hace más que promover o, por decir lo menos, no evitar la apropiación indebida de fondos públicos para adquirir tecnología de vigilancia, el uso de tecnologías de vigilancia generalizada por parte del propio sector privado o en asociación con el sector público, ni el abuso de este tecnologías contra la población civil, incluidos periodistas y defensores de derechos humanos”, advierte y enfatiza que es necesaria la existencia de una legislación apropiada para limitar, regular y controlar la exportación, adquisición y despliegue de herramientas de vigilancia.

Seguridad, el argumento

Citando un reporte de la organización Privacy International, el documento suscrito por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina; Coding Rights, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor y de Brasil; Fundación Karisma, de Colombia, Hiperderecho de Perú; IPANDETEC de Panamá; Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) de México; TEDIC, de Paraguay y Derechos Digitales que trabaja en toda América Latina, enlista a Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania e Israel como los cinco países principales que son sede de compañías que desarrollan herramientas de vigilancia las cuales se comercializan en la región latinoamericana.

La investigación añade también a China, que recientemente tuvo...

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