Se encona el dilema: libre manifestación o libre circulación
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Ante la omisión de las distintas autoridades gubernamentales por el cierre de vías de comunicación en cuatro estados del país, la cúpula empresarial aumenta la presión para que se haga sentir "el monopolio del uso de la fuerza" del Estado, aunque para la Suprema Corte de Justicia de la Nación la confrontación entre el derecho a manifestarse y el derecho a la libre circulación se reduce a un mero asunto administrativo.
Los organismos empresariales han escalado su discurso y emprendido acciones judiciales para obligar sobre todo al gobierno de Enrique Peña Nieto a acabar con el uso de la fuerza pública los bloqueos y plantones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Mi-choacán y Oaxaca.
Industriales y comerciantes, por separado y en conjunto a través del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), están azuzando una intervención de fuerza contra la CNTE, que está decidida a mantener sus acciones contra la reforma educativa a pesar del inicio del ciclo escolar el lunes 22.
El CCE, y en particular su presidente, Juan Pablo Castañón, están en plena campaña de presión luego de tres meses de manifestaciones, bloqueos y plantones de la disidencia magisterial, sobre todo en el sur y la capital del país.
En medio de esas presiones, y a pesar de un fallo sin precedentes de un juez federal que obliga a las autoridades de la Ciudad de México a equilibrar los derechos de libertad de manifestación y de libre circulación, una mayoría de ministros de la Suprema Corte decidió avalar que las manifestaciones en la capital del país deben ser "perfectamente lícitas" y sin "perturbar la paz pública".
En una resolución tomada el jueves 11, los ministros le dieron carácter constitucional a esas dos condiciones, sin que acotaran la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la capital del país, a pesar de sus antecedentes cercanos de represión de las manifestaciones.
Tres días antes de la resolución de la Corte, el lunes 8, el CCE, a través de Casta-ñón, le pidió abiertamente al gobierno de Peña Nieto solucionar de manera "justa, legal y sustentable" el conflicto con la CNTE, y de paso castigar la ocupación de las vías de comunicación por parte de la disidencia magisterial.
"El gobierno federal cuenta con la legítima representación de la sociedad para sostener y llevar a buen puerto la interlocución con la CNTE, dentro de los márgenes establecidos por la ley y sus atribuciones específicas", pero también "el Estado tiene la facultad constitucional del uso del monopolio de la fuerza para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y su seguridad física y patrimonial.
"Por supuesto, con eficacia, profesionalismo y pleno respeto a los derechos humanos", señaló en su incitación el CCE, pese a las indagatorias a las que está sometida la Policía Federal por los hechos violentos del pasado 19 de junio, cuando elementos de la División de Gendarmería y la de Fuerzas Federales fracasaron en su intento desalojar el bloqueo de los maestros de la CNTE en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, en el municipio de Nochixtlán. El operativo fallido acabó en un enfrentamiento que dejó ocho civiles muertos y decenas de heridos, entre ellos policías...
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