Endebles instituciones electorales
| Autor | Jesús Cantú |
Tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) como el Instituto Federal Electoral (la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales ni siquiera puede ser incluida en la lista, pues su dependencia del Ejecutivo federal le impide generar confianza entre los actores políticos y la ciudadanía) han estado envueltos en escándalos desde su conformación.
Más allá de sus acuerdos, decisiones y resoluciones, que también han sido controvertidos, los dos órganos han sido cuestionados por manejos administrativos y por el comportamiento de los integrantes de sus órganos superiores.
En el caso del IFE hay que agregar que ya superó los cinco meses en que su Consejo General opera incompleto, ante la irresponsable actitud de los legisladores que no logran los acuerdos necesarios para designar a los tres consejeros electorales que faltan desde el 1 de noviembre del año pasado.
Desde octubre de 2003, al procesar la renovación del Consejo General del IFE, los partidos políticos se esmeran en debilitar cada día más a las instituciones electorales, como vía para mantener sus privilegios y evitar o, al menos, aminorar las sanciones por la evidente y frecuente violación de las normas electorales. El proceso es gradual, pero persistente y consistente; incluye la creciente partidización de las designaciones de consejeros y reformas legales encaminadas a minar la autonomía del órgano electoral. Las dos les rinden frutos en estos momentos.
Más allá de los errores administrativos en el manejo de los recursos financieros del IFE, y sin prejuzgar sobre el resultado final de la o las auditorías, es un hecho que el llamado contralor general del IFE ha mantenido permanentemente bajo fuego mediático a la institución, con reportes parciales y, por lo mismo, incompletos. El contralor general cumple su función: mantener bajo asedio a consejeros e instancias ejecutivas de la institución (Proceso 1610).
El IFE tiene que explicar irregularidades en el arrendamiento, remodelación y compra de un edificio que involucra 350 millones de pesos del presupuesto de 2009. Pero no es el único asunto administrativo que deberá resolver, pues también es cuestionado por un fondo inmobiliario de 348 millones de pesos que, por supuestos ahorros en el ejercicio del presupuesto de 2010, logró integrar para comprar inmuebles durante este año.
Y además tiene que operar y, entre otras cosas, resolver los procedimientos especiales sancionatorios que se...
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