Enfrentan al narco y el gobierno los reprime
| Autor | Ezequiel Flores Contreras |
CHILPANCINGO, GRO.- La ola de delincuencia provocó un estallido social en tres regiones de Guerrero, donde los pobladores tomaron las armas para enfrentar a la delincuencia, pues señalan que ésta sigue operando bajo protección de autoridades de los tres niveles y del Ejército.
En la Región Norte, el sábado 7, policías comunitarios del municipio de Cocu-la rescataron a 12 secuestrados y cerraron la minera Media Luna, ubicada en la comunidad de Nuevo Balsas, con el argumento de que las autoridades sólo brindan seguridad a la empresa y dejan la localidad a su suerte.
Los pobladores advirtieron que no van a permitir que la minera, filial de la tras-nacional canadiense Torex Gold Resources, reanude sus labores en tanto no se libere a todos los secuestrados, el gobierno garantice la seguridad de la población y las corporaciones policiacas se coordinen con la policía comunitaria para combatir la narcoviolencia.
En la Región Centro, habitantes del poblado de Petaquillas, municipio de Chilpancingo, se armaron el 31 de enero para enfrentar directamente a la delincuencia. Exigieron la salida de los policías de los tres niveles y de los militares, porque presuntamente brindan protección a los grupos criminales que se disputan ahí un corredor de trasiego de mariguana y heroína.
Cuando los militares detuvieron a dos guardias comunitarios, habitantes de Petaquillas y del Valle del Ocotito bloquearon la carretera México-Acapulco. Soldados con equipo antimotines golpearon a mujeres y hombres que participaban en la protesta, por lo que el conflicto escaló al grado de que los inconformes retuvieron a un centenar de policías federales.
Después de ocho horas, tras una negociación, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, ordenó a la PGR que dejara en libertad a los guardias comunitarios. Los pobladores retiraron el bloqueo de la vía federal y liberaron a los policías retenidos.
Y en la Región de la Montaña Baja, policías comunitarios de los municipios de José Joaquín de Herrera y Chilapa se enfrentaron a balazos con habitantes de la comunidad indígena de San Jerónimo Pa-lantla. Cinco personas murieron y 25 fueron detenidas por la guardia ciudadana.
Los comunitarios denunciaron que la zona se ha convertido en productora de mariguana y amapola, disputada por los grupos criminales Los Rojos y Los Ardillos. A estos últimos, acusan, los dirige la familia del presidente del Congreso de Guerrero, el diputado local perredista Bernardo Ortega Jiménez.
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