Los errores en el expediente de Ayotzinapa
| Autor | Ricardo Raphael |
¿Cómo producir verdad jurídica cuando se dinamitó buena parte de la evidencia indispensable? Se trata de la peor pesadilla: la autoridad contaba con indicios suficientes para llevar ante la justicia a los principales responsables de la tragedia de Iguala y por razones injustificables se esmeró en destruirlos.
El primer error cometido, desde la gestión de Jesús Murillo Karam, fue exponer una teoría del caso que no tenía asideros. La historia fantástica de la quemazón de los estudiantes en el basurero de Cocula, así como el desecho de las cenizas en el río San Juan, distrajeron la investigación o, peor aún, obstruyeron la consecución de la justicia.
El segundo error fue capturar a los presuntos responsables mintiendo en modo, tiempo y circunstancia. Entre otras barbaridades se sembraron armas, se dijeron falsedades con respecto a las detenciones, se incomunicó y se privó de garantías.
El tercer error fue torturar a estos sujetos con el propósito deliberado de que sus testimonios coincidieran con una teoría del caso equivocada. Existe documental médica sobre las agresiones físicas que recibieron Sidronio Casarrubias, Gildardo López Astudillo, César Nava, Francisco Valladares y muchos otros.
Al proceder de esta manera, los subordinados de Murillo y Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dinamitaron la veracidad de las confesiones y los señalamientos cruzados entre los integrantes de la banda Guerreros Unidos.
El cuarto error fue desatender cualquier otra pista que no coincidiera con la teoría del caso -la falsísima verdad histórica que el gobierno de Enrique Peña Nieto dio a conocer con demasiada prisa.
Se descartaron, por ejemplo, testimonios y evidencia de telefonía que apuntó, muy temprano en la investigación, en dirección a Mezcala y Huitzuco de los Fi-gueroa, sitios donde posiblemente fueron conducidas las víctimas.
También se desatendió la versión que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) proporcionó a propósito del secuestro equivocado, por parte de los normalistas, de autobuses utilizados por los Guerreros Unidos para el trasiego de heroína.
En cambio, con una terquedad inaudita se insistió, desde el más alto nivel, que la banda criminal atentó contra los estudiantes porque supuestamente habían sido enviados, por intereses inconfesables, a reventar un acto de María de los Ángeles Pineda, esposa del entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Los expedientes...
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