Errores y omisiones en leyes y proyectos de AMLO
| Autor | Juan Omar Fierro |
Las leyes emblemáticas y proyectos estratégicos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentan una avalancha de impugnaciones que denotan la "perversidad" del Ejecutivo al momento de tomar decisiones, errores de planeación al emitir nuevas normas y una actuación poco diligente de su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, coinciden juristas consultados por Proceso.
Reformas insignia de la administración, como las leyes Nacional de Extinción de Dominio, Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y Federal de Austeridad Republicana, son combatidas por más de 7 mil juicios de amparo, demandas que han saturado juzgados y tribunales federales en materia administrativa de la Ciudad de México.
Según el Consejo de la Judicatura Federal, 27 mil 324 empleados públicos presentaron juicios de amparo para evitar el recorte a sus sueldos y prestaciones.
A su vez cinco organismos autónomos presentaron controversias constitucionales contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 para evitar la aplicación del tabulador que impuso el tope salarial de 108 mil pesos mensuales para todos los altos funcionarios, argumentando que deben mantener la autonomía en el manejo de sus recursos.
Debido a las suspensiones otorgadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consejeros y directivos del Instituto Nacional Electoral, el gobernador del Banco de México (Banxico) y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia pudieron evitar la reducción salarial.
En 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también presentó una acción de inconstitucionalidad y una controversia constitucional para tratar de contrarrestar esa misma norma: el primer recurso legal busca revertir la ley que reduce los salarios de los empleados públicos; y el segundo, evitar que el nuevo tabulador se aplique a sus propios empleados.
Los acuerdos emitidos por la Secretaría de Energía y el Centro Nacional para el Control de Energía (Cenace) para suspender las pruebas preoperativas y nuevas autorizaciones de centrales eólicas y fotovoltaicas -con el argumento de que la epidemia de covid-19 provocó una caída en la demanda de fluido eléctrico- no han corrido mejor suerte.
Impugnados por empresarios del sector energético y el grupo ambientalista Greenpeace, los acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril y el 15 de mayo fueron suspendidos de forma indefinida por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica.
A dichos litigios se agregaron, en la última semana, las controversias constitucionales presentadas por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández; el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; y el alcalde de Colima, Leoncio Morán, contra el acuerdo presidencial que faculta a las fuerzas armadas para realizar labores de seguridad pública hasta marzo de 2024.
Scherer Ibarra, "consejero político"
Juan Jesús Garza, constitucionalista del Instituto...
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