Ante el escándalo la simulación
| Autor | Arturo Rodríguez García |
Dos años después de iniciada la administración federal y en medio de una crisis por un presunto conflicto de intereses, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de medidas anticorrupción que, a simple vista, mantienen intacto el sistema que posibilita la degradación política.
De acuerdo con expertos, organizaciones ciudadanas dedicadas a la rendición de cuentas y la prensa internacional, las ocho medidas presidenciales son cosméticas y profundizan el contraste entre el discurso y los hechos gubernamentales.
El martes 3, en la residencia oficial de Los Pinos, Peña Nieto dirigió un mensaje en el que redujo la corrupción a un problema de percepción pública, insistió en que era de "orden cultural" -tal como había dicho en agosto- y habló de los escándalos inmobiliarios en que está envuelto:
Las revelaciones periodísticas sobre las casas de Angélica Rivera -esposa del presidente- y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, financiadas por el contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, fueron el preámbulo de la información sobre la residencia del propio Peña Nieto en Ix-tapan de la Sal, comprada al empresario Roberto San Román.
En su mensaje del martes 3, el mandatario insistió en que él no participa en ninguna licitación, no adjudica contratos ni obras y no es integrante de los comités de adquisiciones. Con ello redujo una probable conducta ilegal a un asunto de percepción: "Soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió".
Continuó diciendo que esa idea existe porque no hay marcos normativos suficientes. Realizó una breve disertación teórica sobre el conflicto de interés, designó a Virgilio Andrade Martínez como titular de la debilitada Secretaría de la Función Pública (SFP) y, para finalizar, anunció sus "acciones ejecutivas". Esas medidas son las siguientes: Añadir a la declaración patrimonial otra sobre posibles conflictos de interés; crear una unidad especializada en ese tipo de conflictos y en ética, ampliar los códigos de ética existentes y fortalecer los protocolos de contacto entre proveedores y funcionarios responsables de contrataciones. Además, crear un registro de servidores públicos con facultades contractuales; acelerar la apertura de la Ventanilla Única para eliminar trámites; incluir el motivo del castigo en la lista pública de contratistas sancionados; firmar convenios contra la corrupción con el sector privado y, finalmente, indagar los contratos con las empresas...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba