El estadio imposible
| Autor | Luciano Campos Garza |
MONTERREY, N.L.- Cuatro años después de que se anunció la construcción del Estadio de Futbol Monterrey (EFM) en el municipio de Guadalupe, el proyecto no puede despegar a causa del desaseo jurídico con que se manejó por parte de la constructora y de, prácticamente, todas las autoridades de Nuevo León.
El martes 24, obligado por el juez primero de Distrito en Materia Administrativa de Nuevo León, el alcalde sustituto guadalupense, Carlos Rodríguez Padilla, notificó a la empresa Fomento Económico Mexicano (FEMSA) que debían suspenderse las obras del coso.
La razón: el municipio entregó indebidamente el permiso de cambio de uso de suelo a la empresa, pues antes de permitir que se colocara la primera piedra, en diciembre del año pasado, debió efectuar una consulta pública entre los habitantes del municipio, para conocer su opinión acerca del palacio futbolero que se erige al pie del Cerro de la Silla.
Este es el nuevo contratiempo que debe enfrentar FEMSA, que esperaba concluir en 28 meses el inmueble con capacidad para 50 mil espectadores, cuyo costo será de 2 mil 136 millones de pesos.
Los problemas que no ha podido sortear el proyecto van desde el incumplimiento de esa consulta pública del ayuntamiento de Guadalupe, una entrega de coordenadas erróneas al Congreso estatal y la ilegalidad en que incurrió el gobierno de Nuevo León, que en 2008 dio a conocer el proyecto sin que hubiera una desafectación del predio.
En conferencia de prensa el presidente del consejo de administración del club Rayados, José González Ornelas, dijo que acataría la resolución del juez, aunque aclaró que desconocía los tiempos y formas en que debía efectuarse la consulta pública. También manifestó que una vez salvado ese escollo legal, el proyectado estadio se enfilaría libremente hacia su culminación en un lapso de 28 meses de trabajo efectivo.
Ya antes, en 2010, las obras fueron suspendidas luego de que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descubrió que se habían realizado trabajos antes de que se otorgaran los permisos correspondientes.
Por su parte, Gregorio Vanegas Garza, aguerrido litigante y activista que representa a los vecinos que se dicen afectados por el proyecto, considera viable que los pilotes y vaciados que han sido erigidos hasta ahora en la obra que tiene 25% de avance, pueden ser derruidos y la empresa obligada a reponer el área boscosa que removió para despejar el predio.
Tropiezos
Durante una reunión realizada el miércoles...
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