"Estafa Maestra" Un esquema que parece no tener fin

AutorNeldy San Martín

Los expedientes por el desvío de recursos públicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en el esquema conocido como la "Estafa Maestra" siguen acumulándose en la Fiscalía General de la República (FGR).

Este año la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado seis nuevas denuncias penales contra dependencias federales y universidades que durante 2016 y 2017 replicaron el sistema de triangulación a través de una red de empresas fantasma. El monto total de esas querellas es de 2 mil 500 millones de pesos.

En total, la ASF ha interpuesto 36 denuncias por la Estafa Maestra con un posible daño patrimonial superior a los 7 mil millones de pesos. Las primeras fueron presentadas cuando el titular del organismo fiscalizador era Juan Manuel Portal, en la administración pasada.

La auditoría es clave en el caso que se le sigue a Rosario Robles Berlanga -extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)-, quien fue vinculada a proceso el martes 13 por el delito de ejercicio indebido del servicio público al no informar a su superior jerárquico, el entonces presidente Peña Nieto, del desvío de recursos en ambas dependencias.

Al día siguiente, el miércoles 14, a su llegada al aeropuerto de Oaxaca para acompañar al presidente Andrés Manuel López Obrador a un encuentro con empresarios, el titular de la ASF, David Colmenares, dijo que durante su gestión frente al órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, que se inició en marzo de 2018, ha presentado 10 querellas en contra de Sedesol y Sedatu por este sistema de triangulación de dinero público.

Las últimas dos contra la Sedatu, que interpuso el pasado 28 de junio, muestran que durante 2016 y 2017 la dependencia a cargo de Robles -ella fue su titular de 2015 a 2018-siguió operando con la misma fórmula para desaparecer recursos de la federación.

Pero la Sedatu no fue la única que siguió contratando a universidades públicas sin la capacidad para realizar servicios. Las instituciones educativas subcontra-taron a otras empresas para que realizaran los trabajos, aunque en muchos casos eran fantasmas.

Por esquemas similares, el 5 de julio último la ASF denunció también a otras dependencias como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader, antes Sagarpa); la Distribuidora y Comercializa-dora SA (Diconsa), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS).

En el caso de la Sedatu la...

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