El exitoso ejemplo peruano
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- Perú es el país latinoamericano que más ha avanzado en las investigaciones de la trama de sobornos de Odebrecht. Tres expresidentes están procesados por ese caso y otro, Alan García, se suicidó el mes pasado cuando iba a ser detenido por el mismo asunto.
Además, otros 34 políticos, exfuncionarios y empresarios tienen causas judiciales abiertas y alrededor de 250 están bajo indagación.
A diferencia de la impunidad que reina en otros países latinoamericanos en los que Odebrecht corrompió con cientos de millones de dólares a funcionarios públicos a cambio de contratos, Perú y Brasil han llevado a la justicia a encumbrados políticos y empresarios que presuntamente participaron en el mayor caso de corrupción que se recuerde en la región.
El caso peruano llamó más la atención desde el suicidio de García, el pasado 17 de abril, porque esa muerte trágica se produjo en medio de una diligencia judicial para detenerlo por cargos de colusión, lavado de activos y tráfico de influencias.
Ese hecho le dio mayor relevancia y actualidad a lo que ya se sabía: que Perú ha ido hasta el fondo en las investigaciones de la red de sobornos de la constructora brasileña y ha imputado penalmente a cuatro expresidentes, a la exprimera dama Nadine Heredia, a la líder opositora Keiko Fujimori y a grandes empresarios, como el constructor José Graña.
En contraste, en México y Venezuela -dos de los cuatro países más corruptos de América Latina, según el índice 2018 de Transparencia Internacional- no se han presentado cargos contra nadie por ese asunto.
Ni siquiera contra el exdirector de Pemex y exencargado del área internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto en 2012, Emilio Lozoya Austin, a quien tres exdirectivos de Odebrecht acusaron de recibir más 10 millones de dólares en sobornos, los primeros de los cuales fueron en pleno proceso electoral.
Ese señalamiento, que fue obtenido por la justicia brasileña y revelado en una investigación periodística de Quinto Elemento Lab difundida por Proceso en agosto de 2017, fue insuficiente para que el procurador general de la época, Raúl Cervantes, presentara cargos contra Lozoya.
En Perú, una acusación de ese calibre habría llevado al equipo especial de fiscales a cargo del caso Odebrecht a entrevistar a los exdirectivos que hicieron la declaración y a sustentar con evidencia documental, informática y testimonial esa denuncia para presentar, en su caso, los cargos penales correspondientes.
Una de las claves del...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba