El éxodo del miedo

AutorJorge Carrasco Araizaga

Estaban sentenciados y las autoridades los dejaron morir. El mismo gobierno de Felipe Calderón lo sabía y advirtió sólo a Televisa, que sacó de Veracruz a su corresponsal Hugo Gallardo San Gabriel, aunque luego lo despidió. No fue el caso de los tres fotorre-porteros secuestrados y encontrados muertos el jueves 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.

Esas muertes desataron de nuevo los temores entre periodistas de Veracruz que, escépticos ante el anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa de crear "un organismo para su protección", comenzaron de nuevo a salir del estado o a retirarse de la actividad.

Con la muerte de ochos periodistas a cuestas en menos de un año, la administración de Duarte está en la mira internacional por la vulnerabilidad de los periodistas en el estado, en particular en el puerto de Veracruz, uno de los principales escenarios de la disputa entre los grupos de delincuencia organizada y donde trabajaba la mayoría de los periodistas asesinados.

Las advertencias contra éstos eran conocidas por la Presidencia de la República y por el gobierno de Duarte, según el testimonio del excorresponsal de Televisa. Amnistía Internacional (AI) coincide y asegura que los asesinatos de Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez "no ocurrieron sin previo aviso".

Según la oficina de ese organismo en México, "información recibida por Amnistía Internacional (indica que) los nombres de estos periodistas, junto con otros, aparecieron en una lista circulada el año pasado con una amenaza en su contra.

"A pesar de estar informadas de esta situación, las autoridades estatales no tomaron medidas para asegurar la protección de los periodistas en riesgo, varios de los cuales se vieron obligados a salir del estado por motivos de seguridad", asegura el organismo con sede en Londres, aunque el gobierno de Duarte niega que existiera esa lista.

AI señala que desde finales de 2010 ocho periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz. La fecha marca el inicio de la administración de Javier Duarte. Ninguno de los asesinatos ha sido esclarecido.

A diferencia de lo ocurrido con los cuatro primeros, el gobierno estatal anunció que pediría a la Procuraduría General de la República (PGR) atraer el caso de los tres fotógrafos por considerar que en esos crímenes intervino la delincuencia organizada. Una semana después de los hechos no lo había formalizado. Sin embargo, pese a la presunción sobre la participación de la delincuencia organizada, en la PGR la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) tampoco ha pedido la atracción del caso.

La huida

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