Expediente Tlatlaya: encubrimiento militar - 24 de Enero de 2015 - Proceso - Noticias - VLEX 555779907

Expediente Tlatlaya: encubrimiento militar

Autor:Gloria Leticia Díaz
 
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Las inconsistencias sobre la masacre del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya abundan en las miles de páginas de la investigación realizada por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al expediente de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el voluminoso documento abundan declaraciones contradictorias de las tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña) implicadas en la ejecución ex-trajudicial de 22 civiles en ese municipio mexiquense, así como protección a altos mandos castrenses y la falta de transparencia sobre la participación de integrantes de la Secretaría de la Marina (Semar) en los hechos.

Todo ese material se condensó en 139 puntos de la Recomendación 51/2014, emitida por el entonces ómbudsman nacional Raúl Plascencia Villanueva el 21 de octubre pasado dirigida a la Sedeña, la PGR y al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas.

Sin embargo, Luis Raúl González Pérez, quien sustituyó semanas después a Plas-cencia Villanueva en la CNDH, consideró que en Tlatlaya hubo "violaciones graves" a los derechos humanos.

Esa decisión del nuevo ómbudsman nacional tomada el martes 13 permitió a Proceso revisar una versión pública del expediente abierto de oficio el 11 de julio de 2014,11 días después de que la Sedeña y el gobernador Ávila Villegas celebraron que integrantes del Ejército abatieron a 22 civiles en un "enfrentamiento" en el que un soldado resultó herido.

La recomendación de Plascencia Villanueva -quien al principio respaldó la versión oficial de la Sedeña- admitió que hubo entre 12 y 15 ejecuciones, mientras que la PGR mencionó sólo ocho, de acuerdo a la consignación del caso realizada en octubre.

Los efectivos militares que participaron en el ataque, con excepción del herido, quien fue exculpado, son: Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, a quienes se les acusa de homicidio calificado y alteración de la escena del crimen en una bodega del poblado de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.

Asimismo, al oficial al mando Ezequiel Rodríguez Martínez se le acusa de encubrimiento, mientras que a Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz y Samuel Torres López se les imputa ejerci-' ció indebido del servicio público. Todos están recluidos en el Campo Militar Número Uno, donde se les juzga también por delitos contra la disciplina militar.

Sin mácula judicial están los generales de brigada Alejandro Saavedra Hernández y José Luis Sánchez León, comandante y excomandante de la 35 y la 22 zona militar, respectivamente, así como el coronel Raúl Isidro Castro Aparicio, del 102 Batallón, al que pertenecían los soldados procesados. Ello a pesar de que en sus declaraciones la PGR y en documentos de la Sedeña enviados a la CNDH los acusados admitieron la presencia de los altos mandos y mencionaron que personal de la Sedeña y de los batallones 41 y 34, de Chilpancingo y Ciudad Al-tamirano, los acompañaron en esa ocasión.

Las inconsistencias

Al revisar la versión pública del expediente del caso Tlatlaya, la primera inconsistencia que salta es la hora en que ocurrieron los hechos. Mientras las tres mujeres sobrevivientes y vecinos de la bodega donde estaban las víctimas aseguran que la balacera se desató entre las tres y las cuatro de la madrugada del 30 de junio de 2014 y luego se escucharon detonaciones aisladas hasta que amaneció.

Por su parte, los ocho soldados implicados declararon ante el Ministerio Público federal que el ataque se inició a las cinco y, según ellos...

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