Experimentos mortales en el Instituto de Neurología
| Autor | Rosalía Vergara |
El nombramiento de Miguel Ángel Celis como director general del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN), el 17 de febrero pasado, revivió una polémica relacionada con su presunta responsabilidad en la práctica experimental ilegal realizada contra más de 500 pacientes con hidrocefalia desde hace más de 10 años.
En entrevista, el neurocirujano Rodolfo Ondarza -quien aspiraba a la dirección del INNN- ha denunciado irregularidades en el proceso para beneficiar a Celis, quien en 2006 fue acusado de incurrir en diversas acciones irregulares cuando fue director de Radioneurocirugía y fue acusado de fraude por su investigación sobre la esclerosis múltiple. El escándalo lo orilló a renunciar al cargo.
De acuerdo con Ondarza, Celis forma parte del Comité de Ética y Transparencia en la Relación Médico-Industria (Cetremi), junto con Julio Sotelo, quien a comienzos de los años noventa diseñó un sistema de drenaje para tratar casos de hidrocefalia, pero el modelo no cumplió con las estipulaciones de la Secretaría de Salud. Sin embargo, a partir de 1998 Sotelo ordenó que se usara de manera experimental, sin que el protocolo de investigación fuera revisado por el Comité de Ética del nosocomio.
Ondarza, junto con los neurociruja-nos Edgar Natal Vera y Roberto Suástegui, pidió al actual secretario de Salud, José Narro, la recomposición del comité designado para la selección, porque con Celis en éste había un conñicto de interés y se violaba la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Narro, sostiene, nunca les respondió.
"El 'dedazo' es malo por muchas razones: económicas, sociales, obviamente del sector salud... Son políticas que conciemen a todos los mexicanos. Debería también darse una reforma a la normatividad existente que permite que individuos como Miguel Ángel Celis López, que tiene averiguaciones previas ante la Procuraduría General de la República (PGR), puedan aspirar a la titularidad de un instituto nacional", agrega.
Las denuncias
El 5 de febrero de este año, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RCI) entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las pruebas documentales sobre el daño que ocasionó a Yolanda Guerrero Caballero y Alberto Gutiérrez Robles el experimento contra la hidrocefalia, para que fueran integrados a la Petición de Admisibilidad que el presidente de la RCI, el obispo Raúl Vera, promovió desde 2012.
"La Comisión Interamericana archivó la petición 1316-12 porque no había víctimas directas solicitando justicia; eran víctimas indirectas: en este caso, el grupo de doctores que había luchado para aclarar esta situación y que fue despedido (Ondarza, Natal y...
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