El exprocurador Ríos Garza: fracasos impunes
| Autor | Raúl Monge y Sara Pantoja |
El 24 de junio terminó una de las etapas más oscuras de la procuración de justicia en la capital del país durante las dos décadas que la ha gobernado el PRD.
Esa es la opinión de litigantes y defensores de derechos humanos en torno a la salida de Rodolfo Ríos Garza de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) una semana después del alboroto provocado por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, con la orden y contraorden de que renunciara su gabinete (Proceso 2121).
Blindado por su añeja amistad con el jefe de Gobierno, el abogado egresado de la Universidad del Valle de México no cumplió la misión de investigar y perseguir los delitos que se cometen todos los días en la metrópoli –cada vez con mayor frecuencia y violencia–, torció la ley para salvaguardar su imagen, actuó por consigna en determinados casos y revivió vicios que supuestamente se habían erradicado.
En los cuatro años y medio que duró su gestión, a decir de los entrevistados Ríos Garza consintió un sinnúmero de detenciones arbitrarias e ilegales; fabricó pruebas; toleró la práctica de la tortura; estigmatizó y criminalizó a víctimas, condujo con opacidad y administró a su conveniencia indagatorias relevantes, echó mano de colaboradores inexpertos y recurrió a filtraciones para desviar la atención e incluso el curso de algunas investigaciones.
Karla Michel Salas Ramírez, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), menciona que Ríos Garza marcó su gestión desde su inicio, el 5 de diciembre de 2012, al consignar con pruebas falsas a los jóvenes detenidos de manera arbitraria durante la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto, cuatro días antes.
“Lo hizo a pesar de que demostramos que las detenciones fueron ilegales, que se habían fabricado pruebas. Desde un principio se vio que Ríos Garza estaba ahí para responder a criterios políticos, no para procurar justicia”, dice la litigante.
En entrevista por separado, el padre Miguel Concha pone el ejemplo de la detención y consignación de 11 jóvenes durante la movilización del 20 de noviembre de 2014.
El director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria recuerda que los muchachos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), por la presunta comisión de delitos federales.
De la SEIDO los trasladaron a cárceles federales. Las mujeres a la de Tepic, Nayarit, y los hombres a la de Veracruz, con un claro propósito: contener eventuales protestas de las organizaciones civiles para exigir su liberación.
“Este tipo de situaciones fueron recurrentes en la ciudad. La PGJ-CDMX...
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