La extradición, asunto político más que jurídico

AutorJesusa Cervantes

Siete meses después de que Estados Unidos solicitó a México la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la administración de Enrique Peña Nieto no ha iniciado el proceso jurídico correspondiente, aunque pudo haberlo tramitado desde mayo último. Su envío al vecino país podría tardar hasta un año, a menos que el presidente lo considere "caso excepcional" y lo entregue sin más a quien lo reclama.

Mientras el gobierno federal analiza las posibilidades, Juan Pablo Badillo Soto, abogado de Guzmán Loera, puede tramitar nuevos amparos y retrasar más el proceso judicial para la extradición, pues su objetivo es evitar que se concrete uno de los mayores temores del sinaloense: ser extra-ditado, revela a Proceso el propio litigante. Con poder para representar al Chapo en "pleitos y cobranzas" desde 1996, Badillo Soto puede saltar el obstáculo que la autoridad judicial le puso el 17 de diciembre de 2014, cuando el abogado solicitó el primer amparo contra la extradición a Estados Unidos: la inexistencia del juicio respectivo.

Tras su segunda detención, el 23 de febrero de 2014, Guzmán Loera buscó nuevamente a quien durante ocho años evitó que lo entregaran a Estados Unidos. El capo fue capturado por primera vez en mayo de 1993 y Badillo Soto lo defendió de 1996 hasta el 19 de enero de 2001, cuando se fugó.

Después de la segunda detención, el 22 de mayo de 2014, solicitó el 17 de diciembre del mismo año conocer la orden de extradición y considerarla un acto "futuro e inminente", a fin de combatirla en tribunales.

A esta solicitud de amparo le siguieron otras cinco. Una a una fueron sobreseídas y a la fecha sólo una sigue viva.

Un par de semanas después de que su cliente escapara por un túnel del penal federal del Altiplano, el abogado encargado de conjurar la extradición conversó con este semanario. Reveló que cuatro meses antes de su segunda fuga Guzmán Loera no estaba triste ni enojado por el encierro en el penal de alta seguridad, sino "más bien temeroso de ser extraditado o abatido".

A decir de Badillo Soto, tras la segunda detención "Estados Unidos lo requirió de inmediato, aunque lo oficializó después". Por eso la familia del capo y el propio defensor -uno de los siete que contrató El Chapo- tuvieron un "temor fundado" de que con argucias y artilugios institucionales fuera extraditado.

En esa conversación (Proceso 2022) se le recordó a Badillo Soto que Felipe Calderón extraditó durante su mandato a capos de la droga antes de que se resolvieran sus amparos contra el procedimiento. Cuando se...

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