Los extraños enjuagues del empresario Alcántara Rojas - 16 de Mayo de 2015 - Proceso - Noticias - VLEX 570534603

Los extraños enjuagues del empresario Alcántara Rojas

Autor:Jorge Carrasco Araizaga
 
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El empresario transportista Roberto Alcántara Rojas entregó al menos 20 millones de pesos para supuestas actividades propagandísticas del PRI en 2013, meses antes de que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en una cuestionada licitación, le entregara el cobro de peaje de la red carretera de Caminos y Puentes Federales (Capufe) para lo que resta del sexenio.

A través de una de sus empresas, Alcántara empezó a entregar el dinero en junio de 2013, durante la campaña priista por el gobierno de Baja California, y siguió enviando recursos aun después de que el candidato del PRI, Fernando Castro Trenti, perdiera las elecciones un mes después.

El dinero fue gestionado por Felipe Jesús Silva Magaña, quien se ostentó como apoderado legal de Asesoría Profesional de Autotransporte (APASA), propiedad de Alcántara, luego de que los recursos fueran solicitados a nombre del presidente del PRI, César Camacho Quiroz.

Según el PRI, desde marzo de ese año, tres meses y medio antes de las elecciones en Baja California, ya había detectado que distintos empresarios estaban siendo extorsionados en su nombre y el 21 de ese mes presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). APASA hizo lo mismo pero el 23 de octubre siguiente; es decir, siete meses después.

La PGR integró la denuncia y luego delegó el caso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) con el argumento de que era del fuero común, a pesar del delito electoral que supone la entrega de recursos de una empresa mercantil a un partido político o de una posible extorsión de la delincuencia organizada. La PGR, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, detuvo a tres personas, pese a que el expediente ya estaba en la PGJDF.

Quienes se presentaron como agraviados, el PRI y APASA, no fueron más allá de interponer sus respectivas denuncias. Los directivos priistas presentaron una querella "contra quien resulte responsable", deslindándose de cualquier pedido de dinero a empresarios o particulares; cuando fueron llamados a declarar por la denuncia de la empresa de Alcántara sólo dijeron que hubo usurpación de los nombres del presidente y el de su secretario particular.

En el caso de APASA, sus ejecutivos de plano evitaron seguir el proceso penal abierto por ellos mismos, también "contra quien resulte responsable". Sin embargo, se ampararon contra las multas, apercibimientos y arrestos por no presentarse a declarar. Más aún, el propio Ministerio Público se desistió para que Roberto Salcedo Robles, representante legal de APASA y quien firmó la querella, fuera a declarar.

Proceso solicitó la versión de APASA, pero la empresa evitó hacer declaraciones. Sin embargo, dos días después de la petición, el PRI publicó un desplegado sobre el tema en el diario La Jornada.

El pasado sábado 11 de abril el CEN del PRI publicó un mensaje "a la opinión pública" para prevenir a sus militantes, simpatizantes y ciudadanía en general de ser sorprendidos en el actual contexto electoral "por personas inescrupulosas que, usando falsamente el nombre de...

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