La falacia reformista
| Autor | Axel Didriksson |
Resulta, sin embargo, hasta vergonzoso que la opinión de algunos especialistas en el tema, y hasta la de quienes dicen estar del lado opuesto al régimen, avalen la continuidad de la sociedad de la ignorancia. ¿Qué nadie se acuerda de que durante los gobiernos de Fox y Calderón se propusieron la más "verdadera" revolución educativa, la Alianza para la Calidad de la Educación y el examen universal para los maestros? Algo se ha de esconder detrás de un olvido tan increíble en ciertos personajes.
El primer embrollo argumentativo, por ejemplo, que aparece como "novedoso", y con el cual arrancó la iniciativa de reforma constitucional de Peña Nieto, es que se está recuperando la "rectoría del Estado" en la educación. Siendo este el tema central del documento de referencia, no se aclara a qué se refiere y por qué o de quién se tiene que recuperar. ¿Estaba secuestrada la educación?; ¿se le había abandonado?; quien antes la dirigía, ¿no era parte del Estado?; los funcionarios en turno, por ser de otro partido, ¿no tomaban decisiones de Estado en el sector? Y más allá de estas preguntas que quedaron en el aire en la propuesta de reforma constitucional, lo que debería aclararse es: ¿qué significa para el gobierno del PRI retomar la "rectoría del Estado".
Si se trata en realidad de asumirla como tal, esa rectoría no aparece en los términos de la iniciativa ni en los hechos que se han ido conociendo día a día. Porque, de ser así, ello tendría que ver con un articulado legislativo de reforma constitucional que pondría la educación como un bien público garantizado por el Estado (y no por los particulares); con la propuesta de construir un nuevo sistema de contenidos, métodos y lenguajes para alcanzar, en un cierto tiempo, un aprendizaje significativo de conocimientos imprescindibles para todos, y durante toda la vida, en igualdad de circunstancias; con una calidad que se obtenga por la vía de logros cognitivos de alto valor social para desarrollar habilidades y capacidades en las personas, sin distingo de sexo, ubicación territorial o grupo cultural, para transformar la sociedad en beneficio de la colectividad. Esto significaría, asimismo, sustentar presupuestos que fueran compatibles con dicha responsabilidad de Estado, que no dependieran de ningún gobierno en turno ni de ningún otro grupo en lo particular (sea este un sindicato o un grupo empresarial o de presión), desde un proyecto para construir una sociedad más justa. También, por lo menos, deberían...
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