Los "fantasmas" de Topo Chico
| Autor | Luciano Campos Garza |
MONTERREY.- Rosalinda Martínez Zul vive en el pabellón psiquiátrico del ala femenil del Penal de Topo Chico. De acuerdo con reportes internos, fue internada por homicidio.
Pero hace 15 años que cumplió su condena, señala una compañera. No sale porque nadie ha ido por ella. No tiene a dónde ir.
Éste es uno de los numerosos casos similares que menudean en el viejo reclusorio, donde hay internos que están olvidados por la sociedad y por el sistema penitenciario.
Una fuente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reconoce que el gobierno de Nuevo León revisa más de 500 expedientes de hombres y mujeres que pudieran estar en un limbo jurídico. Muchos de ellos, admite, están en condiciones de regresar a la calle.
No salen por ignorancia o porque la Dirección Penitenciaria del Estado no les ha mostrado la salida, a la que ya tendrían derecho.
El pasado 10 de febrero se perpetró la peor masacre en la historia penitenciaria del país. En el Penal de Topo Chico (en la colonia Nueva Morelos, al norte de esta capital) fueron asesinados 49 internos en un enfrentamiento entre bandas que buscaban controlar el jugoso cobro de extorsiones, privilegios y venta de droga.
La masacre provocó el colapso de los sistemas de gobierno y autogobierno en la penitenciaría, que fue construida hace casi 70 años. Nuevo León capitalizó la tragedia para reestructurar todo el sistema de convivencia entre los 3 mil 800 internos.
Fue anunciado el fin de las mafias y de los perniciosos sistemas de control informal, a través de los cuales se cobran cuotas por todo.
La renovación fue total. Luego de la matanza, los internos remozaron el inmueble. Pintaron toda la penitenciaría. Se reconstruyeron las tuberías de agua potable y drenaje. Se instaló, otra vez, una red de gas natural. Las cámaras de vigilancia fueron reparadas. Más de 200 tendajos, que ocupaban toda el área transitable, fueron desmantelados.
Sin embargo, la tragedia regresó.
La noche del miércoles 1, un grupo de internos asesinó a golpes y puntazos (puñaladas) a Javier Orlando Galindo Puente, El Maruchan, quien pretendía obtener el control de la prisión luego del motín de febrero. Con él fueron ultimados dos de sus seguidores.
Manuel González, secretario general de Gobierno, explicó que el Cártel del Noreste decidió "suprimirlo" debido a que ya no recolectaba los 20 millones de pesos mensuales en cuotas que se obtenían con anterioridad.
El funcionario dijo que con ese dinero se financiaban actividades criminales del cártel en el exterior.
Sin embargo, los reproches sociales le cayeron de inmediato, y desde el Congreso local se llamó al mandatario para que convoque de nuevo a las autoridades federales para que se encarguen de la seguridad del lugar.
Los pasillos y espacios de convivencia, eso sí, ya se ven despejados. Los internos pueden caminar por los reducidos confines del antiguo penal. Y avanzan los trabajos por mejorar las condiciones de confinamiento.
Pero cuando el polvo...
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