El Fonadin, otra descomunal veta de corrupción del gobierno de Peña Nieto
| Autor | Mathieu Tourliere |
El gobierno de Enrique Peña Nieto utilizó como bolsa "paralela" los recursos multimillonarios del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) obtenidos de los cobros de peaje en los 45 tramos carreteros y tres puentes integrados a ese fideicomiso.
Entre otras anomalías, el fideicomiso también aprobó entre 2013 y 2018 la aportación de más de 150 millones de dólares a los fondos de inversión Balam Fund I y Activos Turísticos de México (Actur) de la firma BK Partners, encabezada por el multimillonario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo del rey Juan Carlos de España (Proceso 2179).
Balam Fund I lanzó controvertidos proyectos de generación de energía -como Eólica del Sur, en Oaxaca-, mientras Actur se incorporó para apoyar los mega-proyectos turísticos de BK Partners en México, entre ellos el desarrollo de hoteles de lujo en Jalisco y Nayarit, así como la adquisición del complejo Mayakobá, en la Rivera Maya, a la empresa española OHL en enero de 2018.
Directivos de OHL solían invitar a funcionarios cercanos a Peña Nieto al complejo de Mayakobá, entre ellos a Gerardo
Ruiz Esparza, el extitular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien posteriormente dijo al respecto que rechazó "personalmente" la oferta de la empresa de cubrir sus gastos de vacaciones, así como Luis Enrique Miranda Nava, hoy extitular de Sedesol, y Apolinar Mena, exsecretario de Comunicaciones del Estado de México.
Los directivos de BK Partners manejaron sus operaciones de inversión en Actur a través de la empresa Rasa Land Inves-tors Plc, una empresa de papel incorporada en el paraíso fiscal de Malta, como reveló Proceso en noviembre de 2017, en el marco de la investigación global Para-dise Papers.
El Fonadin no fue el único ente público en otorgar recursos del erario a Actur: también lo hizo el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal), que invirtió 89 millones de dólares de los ahorros de los burócratas jaliscienses para financiar los proyectos turísticos de Chalacatepec, en su estado, y La Mandarina, en Nayarit.
Como fideicomiso público no paraestatal, del que Banobras es fiduciario, el Fonadin no tiene estructura orgánica ni es considerado paraestatal, por lo cual no está sujeto a auditorías o revisiones externas: en 2017, cuando trató de investigar acerca de las gestiones internas del Fonadin, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se enfrentó con dicha opacidad y arbitrariedad.
"Las decisiones del ejercicio de los recursos del Fonadin corresponden a los integrantes de su comité técnico, las cuales no están reguladas en alguna normativa gubernamental, debido a que sus atribuciones sólo se encuentran referidas en el contrato del fideicomiso y sus reglas de operación", se quejó la ASF en su informe 92-GB. El ente fiscalizador observó que los propios integrantes del comité modificaron el contrato del...
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