Fórmulas para la paz
| Autor | Rafael Croda |
MEDELLÍN.- Como en México, en Colombia se abre paso la posibilidad de ensayar estrategias alternativas a la persecución policiaca para enfrentar el problema de la criminalidad en las grandes ciudades.
En Medellín, la segunda ciudad de Colombia, voceros de la estructura delictiva conocida como La Oficina han expresado su deseo de acogerse a la justicia, entregar las armas, desmantelar sus negocios ilegales y reparar los daños a sus víctimas a cambio de una rebaja de penas.
El abogado medellinense Ricardo Andrés Giraldo dice que "es necesario darles a estas organizaciones salidas legales para romper el ciclo de violencia".
El maestro en derecho procesal penal de la Universidad Autónoma Latinoamericana propone una legislación especial que permita a grupos delictivos como La Oficina, que actúan en entornos urbanos, iniciar un proceso de paz con una nueva legislación que garantice la justicia, la verdad, la reparación a víctimas y las garantías de no repetición.
Afirma en entrevista que las capturas de integrantes y cabecillas de grupos criminales en Medellín, que suman más de 2 mil 900 este año, resultan por sí solas ineficaces para reducir los índices de violencia y dar seguridad a la ciudadanía.
Este año se han registrado en la ciudad 67 homicidios más de los habidos entre enero y mediados de agosto de 2017. Y 2018 será el segundo año consecutivo con aumento de asesinatos.
"Es necesario cambiar la estrategia para combatir el delito. La que tenemos no está dando resultados", señala el abogado.
Giraldo propone impulsar una ley que permita a todos los "actores del conflicto armado urbano" del país acudir a la justicia, confesar sus crímenes, abandonar sus negocios ilícitos y recibir, a cambio, penas de entre cinco y ocho años de prisión efectiva, en el caso de delitos comunes, y hasta de 10 años en los casos de crímenes de lesa humanidad, como secuestro, ejecuciones y violencia sexual.
Además, señala, la iniciativa podría tener como incentivos que los condenados puedan cumplir sus penas en granjas agrícolas, que admita a los miembros de este tipo de organizaciones que estén presos y hayan recibido condenas y que se limite la admisión de solicitudes de extradición a Estados Unidos a los delitos que se hayan cometido después de entrar en vigor la eventual legislación.
Con este marco legal, explica, se propiciaría que en Medellín y otras ciudades de Colombia con alto niveles de criminalidad haya una entrega a la justicia, individual y colectiva, de...
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