Fox y su secretario de Defensa entorpecieron a la fiscalía especial: Carrillo Prieto
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
El 68 todavía no está cerrado. A medio siglo, la verdad sigue incompleta por la negativa del Ejército y del Estado Mayor Presidencial de aclarar su participación en la represión estudiantil. Es el mismo silencio que los militares han guardado sobre la guerra sucia en Guerrero, la matanza de Tlatlaya y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Es una continuidad de graves violaciones a los derechos humanos que ha sido posible por la falta de rendición de cuentas de los militares. Sin esa verdad, es imposible conceder cualquier perdón. "Que primero nos digan qué vamos a perdonar", dice Ignacio Carrillo Prieto, quien fue el fiscal encargado de investigar los delitos cometidos por el régimen autoritario del PRI durante el siglo pasado.
Si el próximo gobierno está hablando de reescribir la historia, no se podrá hacer si siguen abiertos casos como el 68, si se siguen ocultando las pugnas político-militares en las que quedaron atrapados los estudiantes, afirma el exfiscal, quien sugiere además que la próxima Fiscalía General de la República (FGR) reabra las investigaciones de la represión del pasado para reconstruir la verdad.
La matanza de Tlatelolco fue el punto de partida de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). El gobierno de Vicente Fox creó ese ministerio público especial en medio de contradicciones en su gabinete para afrontar las exigencias de justicia por los casos de violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre finales de los años sesenta y principios de los ochenta.
De la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, no sólo falta la verdad completa. El deslinde de responsabilidades se quedó a medias. El expresidente Luis Echeverría Álvarez, procesado como responsable, vivió más de dos años en prisión domiciliaria acusado de genocidio, pero al final fue liberado. Inscrito en la historia como uno de los principales instigadores de la represión de los estudiantes, Echeverría tiene ahora 98 años.
Nadie más fue castigado. Los otros civiles y los jefes militares que habían sido consignados por la fiscalía se murieron durante el proceso penal o se salvaron porque el Poder Judicial de la Federación determinó que el delito prescribió en 1998, 30 años después de la masacre.
La reparación del daño y la garantía de no repetición también están ausentes. "El Estado mexicano no ha pedido perdón oficial y solemnemente por lo que pasó con los estudiantes que pacíficamente pedían libertades democráticas", dice Carrillo en entrevista con Proceso el 25 de septiembre.
Verdad, justicia, reparación y no repetición están ausentes en México respecto a la masacre de Tlatelolco. Es imprescindible que se haga, dice Carillo Prieto, ahora investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y que en la entrevista está acompañado de Salvador Osorio Solís, quien en la Femospp fue el ministerio público responsable del caso del 68.
-¿Cómo se pueden cumplir esas exigencias si ya es un caso juzgado?
-Hay cosas que el próximo gobierno puede hacer. Para empezar, limpiar...
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