Freno a las energías renovables
| Autor | Juan Carlos Cruz Vargas |
El confinamiento obligado por la pandemia sirvió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para limitar la participación de la iniciativa privada en el sector eléctrico del país, lo que benefició a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que será el jugador preponderante.
No hubo argumentos técnicos, económicos o jurídicos ni se consultó a las compañías que ya tenían comprometidas inversiones directas en proyectos de energías renovables por más de 6 mil 400 millones de dólares, previo a la publicación del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus Sars-CoV2 (covid-19), emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el pasado 29 de abril.
Tampoco se midieron los impactos que el decreto pudiera tener en el precio de la generación de electricidad por parte de la CFE, que dirige Manuel Bartlett.
En ese acuerdo quedaron suspendidas "de forma indefinida" las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes de las centrales eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. Asimismo, para las que aún no han iniciado, no se autorizarán pruebas preoperativas.
"Esto no tiene ninguna lógica por ninguna arista que se vea. No tiene una lógica jurídica porque el Cenace no tiene atribuciones para hacer un cambio así -por un decreto administrativo-, afectar las reglas del mercado eléctrico e incorporar de manera directa y sin la aprobación del regulador un cambio de esta naturaleza en el mercado", explica a Proceso Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y de la Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
Una acción excluyente
Con el pretexto de una menor demanda por la pandemia del coronavirus, el decreto del Cenace "afecta evidentemente la situación de competencia global al favorecer a un solo jugador -la CFE- que va a estar operando unidades adicionales sin criterios económicos y de competencia, y obligando a que el resto de los participantes del mercado nos quedemos con esa reducción de la demanda", sostiene Valle.
Los números que involucran la decisión del organismo público descentralizado tienen impactos negativos en 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 entidades federativas; afectaciones a 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación, así como a 16 proyectos en construcción, según cifras de la Asolmex y de la Amdee.
Las medidas previstas por el acuerdo...
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