Funcionarios del gobierno dieron vía libre
| Autor | Anabel Hernández |
A las nueve de la noche del sábado 11, los presos del módulo de Tratamientos Especiales del penal de máxima seguridad del Altiplano fueron despertados violentamente por los guardias, que los sacaron de sus celdas, los desnudaron y les echaron encima a los perros. Los animales les olisquearon cada centímetro mientras los custodios registraban las celdas. Era una práctica común en cualquier día, en cualquier momento y sin aviso. Pero en la madrugada se enteraron de la fuga del preso 3578, ubicado en la celda 20: Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.
El gobierno federal le informó a una comisión del Congreso que la alerta de fuga se dio en 15 minutos; sin embargo abogados y familiares de internos, entrevistados por Proceso, señalan que demoró varios minutos más. Reos de los módulos 4 y 5 comentan que a las 9:30 de la noche aún podían hacer las llamadas telefónicas reglamentarias. Aproximadamente una hora después corrió el rumor de que El Chapo había muerto. Se escuchaba mucho movimiento. A la media noche los internos escucharon que el primer helicóptero sobrevolaba la zona.
Uno de los presos más sorprendidos del módulo de Tratamientos Especiales fue Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, quien había regresado a ese penal tres meses antes, como resultado de una batalla de amparos, pues fue trasladado a la prisión federal de Puente Grande cuando El Chapo llegó al Altiplano.
La corrupción ya predominaba en ese penal y crecía. Por eso Treviño Morales peleó por volver. Existen datos sobre el deterioro en la seguridad del penal desde 2010, pero a raíz de la llegada del Z-40 en 2013 y del Chapo en 2014, la corrupción escaló a niveles de escándalo.
Todo esto ante la impasibilidad de los operadores del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el presidio, de los efectivos de la Policía Federal (PF), cuya División de Inteligencia es la responsable de manejar las cámaras y los micrófonos, así como de pasar lista a los reos.
Igual actitud mostró el personal del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (ODPRS), responsable de los penales federales, y de la Dirección General de Políriras y Desarrollo Penitenciario, ambos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
Todas estas instancias dependen de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong, y el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda.
En una investigación que inició antes de la fuga del Chapo, este semanario confirmó con testimonios de empleados, abogados y familiares de internos, que el consumo de droga y la corrupción en el penal del Altiplano era tal, que pese a los supuestos dispositivos para inhibir las señales telefónicas, en los módulos funcionaban aparatos celulares.
Por 150 mil pesos se podía comprar un celular "encajuelado", es decir, introducido por un preso en su recto, envuelto en una bolsa de plástico. Quienes no alcanzaban ese privilegio tenían que pagar 25 mil pesos por una llamada y 10 mil por un mensaje de texto; el caso era que los capos pueden seguir manejando sus negocios delictivos desde la prisión.
El narcotraficante Gerardo Álvarez, El Indio, presume de tener en su nómina a la mitad del penal, principalmente directivos y custodios.
Y durante los siete meses que estuvo preso ahí El Z-40 era el amo. Así como pagaba a los abogados de los zetas presos, también hacía que sus defensores y operadores depositaran dinero para otros internos. Muchos de ellos, olvidados por sus familias, podían así comprar jabón, galletas, agua embotellada, papel de baño y otros productos. Los convirtió en sus incondicionales.
Ejercía el mando con dinero y una fuerte campaña de intimidación, que incluyó el...
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