Funcionarios judiciales, en la mafia de los casinos
| Autor | Ricardo Ravelo |
Luego de la tragedia ocurrida en agosto del año pasado en el casino Royale de Monterrey, Nuevo León, donde murieron más de 50 personas, afloraron presuntos contubernios de funcionarios del Poder Judicial federal con políticos, empresarios del juego y narcotraficantes.
A 10 meses del ataque perpetrado por sicarios de Los Zetas, jueces, magistrados, secretarios y abogados aparecen vinculados a una amplia red de corrupción. Muchos de ellos han sido suspendidos de sus funciones o son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) debido a que otorgaron amparos para favorecer la operación de casinos irregulares. En el ámbito de las investigaciones del caso persiste la sospecha de que estos funcionarios judiciales tienen nexos con el narcotráfico.
En esta red de complicidades figuran políticos panistas, como el alcalde de Monterrey, Nuevo León, Fernando Larra-zábal, cuyo hermano Jonás fue videogra-bado cuando presuntamente recibía un soborno para brindar protección al casino Red, por lo cual fue encarcelado.
En septiembre último fue suspendido y sometido a investigación Álvaro Tovilla León, juez noveno de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, tras el encarcelamiento de Esiquio Martínez Hernández, secretario de acuerdos en ese juzgado, a quien se le descubrió una cuenta bancaria y propiedades por 50 millones de pesos.
Tovilla estaba en la mira de las autoridades federales no sólo a raíz de la detención de Martínez Hernández, sino porque en 2007 dejó sin efecto una clausura que el municipio de Monterrey, Nuevo León, le impuso al casino Paradise, que operaba con protección policiaca y sin permiso de la Secretaría de Gobernación.
Según investigaciones de la PGR, al día siguiente de que Tovilla levantó la clausura al casino, en la cuenta de su secretario de acuerdos fueron registrados varios depósitos por 400 mil pesos.
Las entregas de dinero también alcanzaron a José Alfonso Solís Navarro, magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien "renunció" a su cargo tras el ataque al casino Royale, en agosto de 2011. En realidad fue obligado a renunciar, pues desde hacía tiempo se le investigaba por favorecer a diversos centros de apuestas mediante una serie de resoluciones legales que están siendo revisadas por altos funcionarios del Poder Judicial.
En mayo de 2011, el alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, ordenó la clausura de una casa de apuestas instalada junto al casino Royale, por considerar que se estaba ampliando sin contar con los permisos correspondientes. La suspensión de actividades fue frenada por Solís Navarro, quien argumentó que los trabajos obedecían a una simple remodelación del sitio.
Con estos antecedentes, al ocurrir el atentado contra el Casino Royale, Fernández exigió el encarcelamiento del juez al considerarlo moralmente responsable de la tragedia, ya que desde su alta posición...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba