Un general retirado, dueño de la seguridad privada en Juárez

AutorJorge Carrasco Araizaga

El general de Infantería Alejandro Sandoval Torres llegó a principios de 2009 a Ciudad Juárez como comandante de la Guarnición Militar local. Acababa de ser ascendido a brigadier por el entonces presidente Felipe Calderón y pasó a formar parte de los mandos del Operativo Chihuahua, que el Ejército encabezó por orden del mandatario.

A pesar de la retirada de los militares el siguiente año, por el marcado incremento en las violaciones a los derechos humanos en el estado, el jefe castrense se mantuvo en el mando y hasta aspiró a ser jefe de la policía de Ciudad Juárez. Hoy, ya retirado, de la mano de exfuncionarios de la secretarías de la Defensa (Sedena) y de Gobernación (Segob), es amo y señor de la seguridad privada en esa estratégica localidad fronteriza.

Cuando Ciudad Juárez vivía su peor época de violencia, en el gobierno de Calderón, por la disputa de los cárteles de la droga y la respuesta represiva gubernamental, una disposición de la Sedena -que se adelantó a una reforma de la Ley Federal de Seguridad Privada que estaba por votarse en el Congreso de la Unión- ordenó que para el último día de agosto de 2011 todos los guardias privados de la ciudad entregaran sus armas.

Pese a sus quejas, los empresarios que contrataron guardias privados en momentos en que Juárez era considerada la ciudad más violenta del mundo, lo único que ganaron fue tiempo.

La Fiscalía General del Estado cifró entonces la existencia de más de mil armas en manos de unos 800 guardias privados; los calibres eran de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas: fusiles AR-15 y pistolas 9 milímetros, que habían sido compradas por los propios empresarios.

La ASI

Durante años, los empresarios que contrataban escoltas en Chihuahua pagaban para portar armas bajo la licencia colectiva de la entonces Secretaría de Seguridad Pública estatal, donde quedaban registrados como "agentes Clase E" de la policía del estado. Con el cambio, ya no serían considerados agentes policiacos, sino empleados de empresas de seguridad privada.

La Sedena ordenó que todos ellos entregaran sus armas y estableció que los permisos de portación se tendrían que gestionar a través de empresas privadas, según dio a conocer en ese momento la Fiscalía estatal.

Como guardias privados, de acuerdo con la Ley Federal de Uso de Armas de Fuego y Explosivos, sólo pueden utilizar pistolas calibre .380 y escopetas calibre 12 milímetros. Los empresarios dijeron estar en desventaja ante los grupos de delincuencia organizada que en ese momento habían hecho de Juárez la referencia mundial del crimen.

A partir de esa medida, quienes quisieran tener guardias armados debían contratar a...

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