En Ginebra, México maquilla las cifras sobre desapariciones
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
El gobierno de Enrique Peña Nieto, que fenece esta semana, quedará marcado por la impunidad, corrupción, violencia, pero sobre todo por el presunto involucramiento de autoridades de los tres niveles con los grupos criminales en la violación derechos humanos.
El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh), Mario Patrón Sánchez, y Grace Fernández Morán, del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, coinciden en este dictamen, basados en los datos duros: 122 mil muertos, 37 mil desaparecidos y una tasa de impunidad de 98%.
Por separado, ambos defensores consideran que el fracaso de Peña Nieto -quien heredó de Felipe Calderón 103 mil muertos y 26 mil 121 desaparecidos- se explica en parte por mantener una estrategia militarizada para combatir la violencia y por la escandalosa corrupción.
El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace cuatro años en Iguala, Guerrero, "da cuenta del adn del gobierno de Peña Nieto, compuesto por corrupción, impunidad y macrocriminalidad", sostiene Patrón Sánchez, cuya organización representa a los padres y madres de las víctimas.
Es revelador, dice, que "la que debió haber sido la investigación más profesional, más cuidada y más transparente, y más a cielo abierto, terminó siendo tachada de ilegalidad".
Trae a cuenta la sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito con sede en Reynosa, Tamaulipas, emitida en junio pasado, la cual ordenó la creación de la Comisión para la Verdad y Justicia (Caso Iguala) "justo porque el gobierno de Peña Nieto no ha sido independiente ni autónomo ni imparcial".
Al desaseo se suma, dice, la reciente liberación de cuatro implicados en la "verdad histórica", porque la Procuraduría General de la República (PGR) fue incapaz de sostener sus acusaciones.
Otro sello oprobioso de la administración peñanietista es su política exterior en materia de derechos humanos, pues hizo caso omiso a las devastadoras conclusiones de órganos de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el defensor, a lo más que llegamos fue a la aprobación de dos instrumentos legales: la Ley Antitortura y la Ley contra la desaparición, pero no a la implementa-ción real de políticas de Estado.
Lamenta también que aun cuando Peña Nieto promulgó la Ley General de Víctimas, al cabo de seis años no se instrumentó una política de Estado eficaz en la materia; hoy tenemos una institución que más bien...
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