El gobernador que desafía la política antidrogas de Trump
| Autor | Rafael Croda |
BOGOTÁ.- Nariño, departamento del suroccidente colombiano, es la región del mundo que produce más cocaína; su gobernador, el centro-izquierdista Camilo Romero, se ha convertido en un dique frente a las presiones de Estados Unidos para que Colombia fumigue los plantíos ilícitos con glifosato, un herbicida potencialmente cancerígeno.
"Hay que parar esta esquizofrenia", plantea Romero, "en la que Estados Unidos nos dice que hay que pelear y luchar contra las drogas y nos amenaza con descertificarnos si no hacemos lo que ellos quieren, cuando en realidad Estados Unidos nos pide más y más coca".
El gobernador señala en entrevista que Washington no le puede exigir a Colombia fumigar los plantíos de hoja de coca con glifosato, no sólo por la ineficacia del herbicida -20 años de fumigaciones no desincentivaron a los narcotraficantes- sino también por los daños a la salud y al medio ambiente.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una política antidrogas que pone el acento en atacar la producción, no en prevenir el consumo; y el glifosato -producido por la trasnacional Monsanto- figura como la principal estrategia contra las plantaciones de hoja de coca.
Romero dice que a Nariño ya lo fumigaron durante 10 años con 3.7 millones de litros de glifosato y los cultivos de hoja de coca no sólo no bajaron sino que registraron un alza: pasaron de 13 mil 875 hectáreas a 17 mil 285 en ese lapso, según cifras del sistema de monitoreo de la ONU.
Las aspersiones aéreas con el herbicida fueron prohibidas en 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes, luego de que la Corte Constitucional ordenó suspenderlas hasta que exista certeza de que no dañan la salud humana y el medio ambiente. La decisión se basó en un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la OMS, que ubicó al glifosato como una sustancia probablemente cancerígena.
Pero el presidente colombiano Iván Duque pidió en marzo pasado a la Corte Constitucional flexibilizar los condicionantes para usar el herbicida, y el tribunal respondió el pasado 18 de julio que el uso del glifosato es una alternativa, siempre y cuando el gobierno tome todas las medidas del caso para minimizar los riesgos para la salud.
La Corte también señaló que el gobierno debe dar prioridad, por encima de las fumigaciones, al programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, que es parte de los acuerdos de paz con la exguerrilla de las FARC pero cuya aplicación ha tenido pocos alcances, por falta de presupuesto.
Duque interpretó el...
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