Gobierno acorralado
| Autor | Jesús Cantú |
Los familiares de los normalistas fueron claros y precisos en sus observaciones: el gobierno federal fue evasivo en sus respuestas. Los familiares demandaron, entre los ocho puntos, dos que resultan particularmente incómodos para el gobierno:
"Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar" y "que requiera formalmente la colaboración de la ONU para la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en México, que investigue y coadyuve en los casos más emblemáticos de violaciones graves a los derechos humanos, conflictos de interés y macrocriminalidad."
Ambas demandas buscan retomar los elementos clave que hicieron efectiva la acción de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (GICIG) que provocó la renuncia y encarcelamiento del presidente Otto Pérez Molina y la vice-presidenta Roxana Baldetti, porque permiten que las misiones internacionales vayan más allá de las recomendaciones y puedan instruir al Ministerio Público en la integración de sus averiguaciones e incluso consignar directamente ante las instancias del Poder Judicial. Al menos así sucede en Guatemala.
En el caso de la unidad de investigación, los familiares fueron muy específicos respecto de las condiciones que debía reunir la indagatoria, y manifiestan que el titular de dicha unidad debe ser "un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos"; que la actuación de la misma "se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos", y que "pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense", entre las principales características.
Los familiares expresan su deseo de que esta instancia "agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero". En un párrafo posterior exigen que se investigue la responsabilidad, entre otros, del exgobernador Ángel Aguirre y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam.
Según informó a los medios el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, en respuesta a dichas demandas el mandatario instruyó "a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como a la...
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