El gobierno se enreda en sus mentiras
| Autor | Jesús Cantú |
En el primer informe del Grupo In-terdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en septiembre del año pasado, se reveló la presencia de efectivos de la Policía Federal y del Ejército en los distintos escenarios donde ocurrieron enfrentamientos o estuvieron presentes los estudiantes, así como presencia de un quinto autobús que había sido ignorado por las autoridades y la ausencia de señales de que hubiese tenido lugar la incineración de los normalistas en el basurero de Cocu-la, entre los hechos más relevantes.
En este segundo informe evidenciaron la existencia de una diligencia de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, no incluida en el expediente del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que podría tener la intención de sembrar pruebas que se recogieron en los días posteriores para respaldar la llamada "verdad histórica", así como la tortura de al menos 17 de los presuntos involucrados en los hechos delictivos, incluyendo a los cinco integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos que reconocieron haber participado en el asesinato e incineración de los estudiantes.
El director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, defendió su actuación, pero complicó más su situación al señalar que su recorrido fue atestiguado por dos representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, lo cual fue inmediatamente desmentido por dicha instancia.
Además de esta respuesta puntual, el pasado 27 de abril la embajadora permanente de Estados Unidos ante la ONU, Sa-mantha Power, urgió a México "a tomar seriamente todas las recomendaciones que contiene el reporte (del GIEI)... y a realizar la investigación exhaustiva e imparcial que merecen las víctimas y sus familias".
Enfatizó que "más allá del caso de los 43 estudiantes, el informe refuerza la crucial importancia de los esfuerzos de México por fortalecer la rendición de cuentas y la vigencia del estado de derecho que los Estados Unidos respaldan". Esta exigencia se suma a las que hace un par de semanas hicieran los gobiernos de Alemania y Dinamarca al presidente Enrique Peña Nieto durante su reciente visita a dichos países.
Carlos Beristáin, uno de los integrantes del GIEI, dijo: "Está claro en la investigación del gobierno y versión oficial que había la intención de mantener el caso en el nivel municipal, en términos de responsabilidad. Pero revelamos la presencia de los agentes estatales y...
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