El gobierno espía todo al servicio de Washington

La entrega comenzó con Vicente Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo. Los gobiernos pa-nistas decidieron hacer de México un territorio abierto al espionaje de Estados Unidos y ambos tuvieron al mismo operador: Genaro García Luna, quien terminó como el gran espía del panismo y, al mismo tiempo, como un facilitador para la intromisión estadunidense.

No fue el único que la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y secretario de Seguridad Pública de Fox, procurador general con Calderón y actual embajador en Estados Unidos.

En diciembre de 2005, mucho antes de que México y Estados Unidos comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado inició el proceso de licitación para la compra de un equipo capaz de "interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México".

El consentimiento de Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en territorio estadunidense en septiembre de 2001.

De acuerdo con la licitación S-INLE-C06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes delitos federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo. La agencia directamente involucrada fue la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley.

El destinatario del equipo fue la Procuraduría General de la República (PGR), a cargo entonces de Daniel Cabeza de Vaca, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal; pero según la licitación estadunidense, la encargada de la operación fue la Agencia Federal de Investigación (AFI), dirigida en ese momento por García Luna, quien dijo a Estados Unidos que debía intervenirse prácticamente todo: correos electrónicos, mensajes por teléfono, chats, transferencias de archivos, conversaciones telefónicas y todas las plataformas de comunicación posibles.

"El sistema propuesto debe cumplir con los requerimientos señalados por la AFI", dice el anexo 1 de la licitación, publicado por el Departamento de Estado el 1 de diciembre de 2006, fecha de la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de México.

García Luna propuso "la intercepción de llamadas objetivo y sesiones" de Tel-mex, Telcel, Nextel, Telefónica, Unefon, Iu-sacell, Cisco y Prodigy. "Adicionalmente, el cliente desea el establecimiento de un centro de monitoreo con capacidad de reproducción en tiempo real, decodificación de fax, decodificación de paquetes de datos, almacenamiento de llamadas de al menos 25 mil horas, almacenamiento de las sesiones de información, 30 estaciones de monitoreo e impresoras y localización de celulares y transporte de señales". A cambio, la AFI entregó la cartografía del Atlas de las Telecomunicaciones de México.

Vicente Fox y George W. Bush decidieron que sus gobiernos tuvieran acceso a la información intervenida para crear redes de comunicación...

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