El gran fracaso de la certificación penitenciaria

AutorPatricia Dávila

Desde el sexenio pasado, la Asociación de Correccionales de América (ACÁ) ha recibido 14 millones de dólares destinados por el gobierno de Estados Unidos al mexicano para la certificación de 29 de los 431 penales nacionales, pero los resultados son desastrosos, pues los amotinamientos, asesinatos, sobrepoblación, vulnerabilidad y corrupción en las prisiones continúan.

La certificación penitenciaria, iniciada en abril de 2011 a petición del entonces presidente Felipe Calderón a través del Programa de Correccionales financiado con recursos de la Iniciativa Mérida, es un gran fracaso.

Según la embajada estadunidense, el propósito de ese programa es brindar apoyo al gobierno de México para mejorar las capacidades del sistema penitenciario, que redunde en un manejo más eficiente de su población, e impulsar reformas sustantivas en los reclusorios federales, estatales y municipales para prevenir que las organizaciones criminales trasnacionales operen en ellos.

"A la fecha, señala la legación, más de 14 millones de dólares se han comprometido en entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo". Los reclusorios certificados por la ACÁ incluyen 16 federales, ocho de Chihuahua, uno de Baja California y cuatro del Estado de México; ahí tres penales se sumaron apenas en febrero pasado.

Sin embargo, en su Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sostiene que la consultora dirigida por James Gondles no cumple con gran parte de los 139 estándares internacionales que ella misma maneja. Según los diagnósticos del ómbuds-man nacional al sistema penitenciario de 2014, en los penales estatales y federales la sobrepoblación es de 74%.

Asimismo, en un comunicado la CNDH sostiene que en el primer cuatrimestre de 2015 se registraron 78 incidentes, entre riñas, intentos de suicidio, huelgas de hambre, fallecimientos y agresiones que implicaron a 159 reos.

En Estados Unidos, la Prison Legal News -organización civil defensora de los derechos humanos de los reclusos-denunció a la ACÁ porque, aun cuando se presenta como asociación sin fines de lucro, cobra 3 mil dólares a cada penal y mil 500 dólares al día por cada auditor. En 2011, por ejemplo, la asociación de Gondles recibió 4.5 millones de dólares por acreditación, casi la mitad de sus ingresos de ese año (Proceso 2051).

La reportera se comunicó vía telefónica con Gondles para solicitarle una entrevista. Y como el director de la ACÁ pidió un...

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