El grave problema de la impunidad
| Autor | Carlos Castresana Fernández |
América Latina tiene un problema grave de impunidad. Crecientemente, grupos de poder político, económico o criminal imponen su actuación al margen de la ley frente a instituciones débiles e ineficientes que no aciertan a impedirlo. La insuficiente implantación del estado de derecho en la región proviene posiblemente de los procesos de independencia del siglo XIX. Se aprobaron constituciones democráticas que sancionaban formalmente los derechos fundamentales y la división de poderes a imagen y semejanza del modelo estadunidense, pero las élites criollas herederas del imperio español que controlaron el proceso de emancipación, mantuvieron sustancialmente sus privilegios y no permitieron desarrollar sociedades verdaderamente libres e igualitarias. La rendición de cuentas ha sido en muchos casos una quimera, a cargo de poderes judiciales carentes de independencia, incapaces de asumir su responsabilidad de garantizar los derechos de los ciudadanos. En la historia más reciente, la impunidad en la región proviene de los conflictos armados de la época de la guerra fría, y en los países que no padecieron conflictos armados, es consecuencia de conflictos sociales, a veces tan agudos o más que las guerras, derivados de una desigualdad extrema y de la exclusión social de algunos grupos humanos. Se trata de sociedades violentas, con los índices de homicidios más altos del mundo, donde apenas existe el estado de derecho, las instituciones son incapaces de interponerse entre los grupos enfrentados y estos recurren a la violencia para resolver sus controversias. Son países, además, crecientemente armados.
El desafío es transformar la ideología de confrontación por otra de coexistencia: hay que desarmar, literalmente, a la sociedad y atribuir el monopolio del uso de la fuerza a instituciones públicas eficientes y confiables. Pero para hacerlo hay que erradicar primero el conflicto, abordando y dando respuesta a sus causas y sus consecuencias; hay que arbitrar mecanismos para que las instituciones del Estado se interpongan entre los ciudadanos enfrentados y lograr que éstos resuelvan las controversias pacíficamente mediante la aplicación de la ley. El divorcio endémico entre los ciudadanos y las autoridades de la región, derivado de una desconfianza ancestral sustentada por la experiencia, hace inviable el contrato social, reflejado en las constituciones pero inexistente en la vida cotidiana.
Para que el sistema de seguridad y justicia funcione, sin embargo...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba