Hacia la desmilitarización
| Autor | John M. Ackerman |
La primera buscó legalizar el estado de sitio defacto establecido desde la época de Felipe Calderón en que las Fuerzas Armadas han reemplazado a las fuerzas civiles en tareas de seguridad pública. La segunda busca aprovechar la disciplina y el entrenamiento de algunos elementos militares para dar impulso a la primera etapa de creación de una nueva fuerza eminentemente civil.
La LSI otorgaba facultades cuasi dictatoriales al presidente de la República al permitir la suspensión unilateral de garantías constitucionales en regiones enteras del país. En contraste, la actuación de la Guardia Nacional y el mando del presidente sobre esta corporación serán estrictamente acotadas desde la misma Carta Magna.
La LSI generó un escenario para una militarización cada vez más profunda del país, mientras la propuesta de reforma constitucional presentada por Morena constituye un importante paso hacia la desmilitarización de la seguridad pública.
La iniciativa de Morena no modifica una sola palabra del artículo 129 de la Constitución. Este artículo es el que acota estrictamente las funciones de las fuerzas castrenses al señalar que "en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar".
Fue precisamente con base a este artículo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación derogaron la LSI del PRIAN porque desvirtuaba la función de las Fuerzas Armadas.
Así que es simplemente absurdo afirmar que Andrés Manuel López Obrador estaría intentando "desacatar" o "darle la vuelta" a la Suprema Corte con su iniciativa de reforma constitucional. Si fuera el caso, utilizaría sus mayorías en el Congreso de la Unión y los congresos estatales para modificar precisamente el artículo constitucional en la cual los ministros fundamentaron su resolución.
La iniciativa de Morena tampoco modifica un ápice las disposiciones del artículo 21 constitucional que señalan explícitamente que "las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil" y que "la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público". El texto propuesto señala que la Guardia Nacional "podrá actuar como auxiliar del Ministerio Público federal", pero siempre "bajo su conducción y mando" de la Fiscalía General de la Nación.
A diferencia de la LSI, la reforma de Morena no modifica en absoluto las competencias de las Fuerzas Armadas como tal ni crea nuevos conceptos o funciones de "seguridad interior"...
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