Una historia de desencuentros. Los forcejeos entre los poderes Ejecutivo y Judicial

AutorJorge Carrasco Araizaga y José Raúl Linares

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido objeto de la avidez presidencial. Durante el último cuarto de siglo, cuando se inició la actual etapa del máximo tribunal, ningún gobierno ha sido ajeno a su pretensión de influir en las decisiones de los jueces constitucionales, en especial cuando se ha tratado de asuntos del interés de la Presidencia de la República.

Sugerencias, presiones, chantajes, peticiones o propuestas de intercambio han marcado las relaciones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial de la Federación (PJF).

El ministro en retiro de la Suprema Corte, Genaro Góngora Pimentel, máximo representante de ese poder en el gobierno de Ernesto Zedillo, no fue ajeno a las pretensiones del presidente de la República.

Las conoció directamente, pero también a través de otros presidentes de la Corte, quienes al tiempo de estar al frente del tribunal constitucional presiden el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Ese órgano de control y vigilancia de los jueces federales y magistrados se ha convertido en un ente que ha despertado el interés de la Presidencia y su consejería jurídica desde la actual conformación del PJF, definida durante el gobierno de Zedillo.

Así ocurrió con el propio Zedillo, y con Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto cuando estuvieron en Los Pinos. Según el actual presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, esto no ha ocurrido durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

Zaldívar abrió el tema de las presiones del Ejecutivo a la SCJN la semana pasada, cuando confirmó públicamente las que sufrió, directamente, por parte del gobierno de Calderón por dos proyectos: uno relacionado con las responsabilidades de altos funcionarios federales por el incendio en la guardería ABC; el otro, cuando Zaldívar se posicionó a favor de otorgar un amparo "liso y llano" a la ciudadana francesa Florence Cassez.

Años antes, cuando el gobierno de Zedillo buscaba superar los problemas financieros que había generado una crisis de pago en el país, necesitaba del apoyo de la Corte para tener el aval constitucional al cobro del financiamiento de intereses. El jefe del Ejecutivo mandó llamar a Los Pinos al entonces presidente de la Corte, Vicente Aguinaco Alemán.

El presidente de la República le dijo que ante la quiebra financiera del país necesitaba el aval constitucional al cobro al financiamiento de interés. 'Llame a todos los señores ministros y hable con cada uno de ellos para que les diga cuál es el problema que enfrentamos como país', le dijo Zedillo, según refiere Góngora.

Y añade: "Don Vicente no se comprometió a nada. Sólo se comprometió con el presidente Zedillo a que se reuniría con los ministros del pleno para que cada uno fijara su posición antes de que el asunto pasara al pleno".

En una serie de votaciones divididas, la SCJN terminó por darle la razón al Ejecutivo.

Las presiones de Zedillo

Como presidente de la Corte y del CJF, entre 1999 y 2003, Góngora Pimentel coincidió dos años de gobierno de Zedillo y dos más con Vicente Fox.

Del primero, a quien en sus memorias el ministro considera como "el mejor presidente de la República Mexicana", dice que tampoco se escapó de la tentación de querer influir en las decisiones del Poder Judicial para casos de interés personal. El último...

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