Historial de agresiones contra "Proceso"
| Autor | José Gil Olmos |
Desde su creación en 1976, Proceso ha recibido presiones y golpes de todo tipo: vetos de autoridades de los tres niveles de gobierno, incautación de ediciones enteras y quema de ejemplares en algunos estados, retiro de publicidad oficial, amenazas a reporteros y corresponsales, acoso judicial y campañas orquestadas desde el poder.
A raíz de operativos realizados en 2009 y 2011 por las secretarías de la Defensa y de Seguridad Pública, las autoridades federales exhibieron ejemplares de la revista en sus aseguramientos como parte del "equipo y material diverso" de grupos criminales (Proceso 1709 y 1794). Ante esa acometida, el semanario presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El hostigamiento sistemático se endureció durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, lapso en el que también se exacerbó la violencia de las bandas delin-cuenciales, que también han pretendido intimidar a los reporteros y corresponsales de este semanario.
En 2005, durante el foxismo, Proceso fue excluido de las giras presidenciales; el propió mandatario estableció un veto publicitario que su sucesor Calderón refrendó.
En 2009 el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó una queja ante el ómbudsman nacional por considerar que se violaban los derechos fundamentales de la publicación al distribuir de manera desigual, arbitraria y sin transparencia la publicidad oficial. Tres años después, la comisión emitió la recomendación 35/2012 en la cual admitió que Calderón buscó dañar económicamente a Proceso.
Los agravios incluyen el asesinato de la corresponsal de este semanario en Veracruz, Regina Martínez Pérez, el 28 de abril de 2012, así como las intimidaciones, persecuciones y secuestros de ocho reporteros y corresponsales de la revista, y las recientes amenazas de muerte al reportero Jorge Carrasco Arai-zaga, coadyuvante en las investigaciones ministeriales en el caso de Regina Martínez.
Desde la noche del domingo 14, Proceso recibió informes acerca de una reunión que sostuvieron funcionarios y exfuncionarios del gobierno, de la procuraduría y de Seguridad Pública de Veracruz en la cual presuntamente acordaron acciones contra el reportero, entre éstas el envío de agentes de esa entidad al Distrito Federal, así como a Morelos, Querétaro y el Estado de México para recabar datos sobre el periodista.
Proceso tuvo conocimiento de una segunda reunión el lunes 15, en la cual los participantes decidieron la captura de Carrasco y "darle piso" en caso de resistencia. Los funcionarios tuvieron en cuenta las cámaras de seguridad del Distrito Federal y acordaron "tener cuidado" para no ser grabados por ellas.
El semanario informó de esos encuentros a la CNDH, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Gobernación, instancias que activaron un mecanismo para proteger a Carrasco.
El jueves 18, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acudió a las instalaciones de Proceso y se comprometió con el...
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