Identidad arrebatada
| Autor | Pablo Pérez Álvarez |
Buenos Aires.- Hace cinco años el coronel argentino Herman Tetzlaff le dijo a Hilda Victoria Montenegro que no era su verdadero padre y que él había matado a sus progenitores, integrantes de la guerrilla del Ejército Republicano del Pueblo (ERP), durante un operativo el 13 de febrero de 1976, poco antes del golpe de Estado en Argentina.
Ella le dio las gracias…
Le agradeció que la salvara de haber sido criada como una subversiva. A este grado llegó la ideologización a la que fue sometida esta joven, arrancada de su familia biológica a los 13 días de nacida.
La confesión ocurrió durante una cena poco después de que los análisis del ADN de Montenegro, que entonces tenía el nombre de María Sol Tetzlaff, demostraron que sus padres eran Hilda Ramona Torres y Roque Orlando Montenegro.
“Tetzlaff me dijo que él era el jefe del grupo, que entró y que él fue quien mató a mis padres, que mi mamá era rubia. Que era una guerra. Que todo lo que hizo lo hizo por mí. Yo le dije: ‘Gracias por salvarme la vida’.”
Montenegro rindió este testimonio con la voz entrecortada durante el juicio que desde el pasado 28 de febrero se realiza en Buenos Aires contra seis importantes mandos militares de la última dictadura argentina (1976-1983) –incluidos los expresidentes Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone– por su responsabilidad en el robo de aproximadamente 500 hijos de opositores políticos muertos o desaparecidos. De ellos, unos 400 aún son buscados por sus familiares.
La sustracción de bebés durante la dictadura fue el único delito que no consideraron las Leyes de Punto Final dictadas por Raúl Alfonsín en 1986. Esta legislación frenó los procesos contra los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos durante esos años, hasta que fue anulada por el Congreso en 2003.
Por ello, desde el restablecimiento de la democracia, en 1983, no han cesado los juicios por robo de niños, aunque marchan con lentitud y enfrentan muchos obstáculos. Hasta ahora han sido encontrados 103 hijos de desaparecidos.
Sin embargo, sólo se había enjuiciado a quienes adoptaron ilegalmente a los niños haciéndolos pasar como propios o a los autores directos de la sustracción, como médicos u otros cómplices.
Esta es la primera vez que se juzga a algunos de los supuestos autores intelectuales de lo que la parte acusadora –integrada por el Ministerio Público y varias asociaciones y familiares de víctimas– califica como “una práctica o un plan sistemático de apropiación de niños durante la última dictadura militar”.
“Aquí lo que se trata de demostrar es que se ideó un plan desde la estructura más alta de poder, y se dieron órdenes específicas acerca de qué hacer con aquellos niños secuestrados junto con sus padres o con las mujeres en estado de gravidez recluidas en centros clandestinos de detención”, explica al reportero el abogado Agustín Chit, representante de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, una de las querellantes particulares.
Además de Videla y Bignone –ya encarcelados y condenados a cadena perpetua por otros delitos de lesa humanidad–, están acusados algunos de los personajes...
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