Imputados por la compra de Agronitrogenados - 29 de Marzo de 2020 - Proceso - Noticias - VLEX 842488122

Imputados por la compra de Agronitrogenados

Autor:Mathieu Tourliere
 
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Al igual que Emilio Lozoya Austin y sus excolaboradores en Pemex, integrantes del primer círculo del expresidente Enrique Peña Nieto aparecen "imputados" en una denuncia que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso en julio último ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los señalados figuran Pedro Joaquín Coldwell, exsecretario de Energía; Enrique Ochoa Reza, exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad y expresidente nacional del PRI, y Miguel Messmacher Linartas, exsubsecretario de Ingresos de Hacienda y brazo derecho de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y excanciller.

Según el Dictamen Técnico en el que se basó la denuncia -cuya copia tiene Proceso-, éstos forman parte de un grupo de 37 personajes que "participaron mediante conductas activas o pasivas" en la compra de la planta "chatarra" de Agro-nitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), de Alonso Ancira Eli-zondo, con un sobreprecio inicial de 93 millones 183 mil dólares, la cual desencadenó pérdidas multimillonarias en Pemex y sigue sin producir fertilizante por falta de gas natural.

La ASF sostiene que Coldwell, Ochoa Reza y Messmacher, junto con los demás integrantes del Consejo de Administración de Pemex que sesionó el 17 de diciembre de 2013, aprobaron una resolución "planchada" por el equipo de Lozoya, la cual establecía un precio de 275 millones de dólares por la compra de la empresa de fertilizantes -basado en avalúos inflados-y un valor inverosímil de 200 millones de dólares para su rehabilitación.

El delito, según la ASF, residió en las cifras y en que el plan de Lozoya y su equipo encargaba la adquisición y operación de Agronitrogenados a una estructura offshore de Pemex -Grupo PMI-, pese a que ninguna de las empresas "tiene relación con el objeto para el cual se haría la adquisición", y que por ley le correspondía a Pemex Petroquímica asumir el proyecto.

La ASF sostiene que los consejeros "tenían el deber de informar de la realización de hechos fuera de la norma que lo regula"; es decir, tenían que rechazar la propuesta de Lozoya, pasar el proyecto al Comité de Estrategia e Inversiones para que lo revisara y, en caso de conseguir luz verde, dejarlo a Pemex Petroquímica. Pero no ocurrió así.

La estructura offshore de Pemex opera en completa opacidad, sin rendir cuentas al consejo de administración, a los órganos de vigilancia de la petrolera -mucho menos a la sociedad mexicana-, y usa a discreción sus recursos multimillonarios, según documentó la misma ASF en un informe publicado el pasado 20 de febrero (Proceso 2260).

En la sesión del consejo de administración participaron los funcionarios citados más los subsecretarios Leonardo Fabio Bel-trán Rodríguez y José Rogelio Garza Garza, cinco consejeros profesionales, cuatro representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (ST-PRM) -entonces dirigido por Carlos Romero Deschamps- y cinco directivos de Pemex.

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