Inconformidad social
La relación llegó a su fin el miércoles 14, luego de que López Obrador confirmó que creará una Guardia Nacional, integrada por 50 mil efectivos del Ejército, la Marina y la Policía Federal, bajo el mando del secretario de la Defensa Nacional, con jerarquía, estructura y personal militar.
De inmediato generó encono entre integrantes de la sociedad civil, quienes se dijeron engañados por López Obrador y por el próximo secretario de Seguridad y Protección Civil, Alfonso Durazo Moreno.
Éste es el segundo gran desencuentro. El primero fue el 17 de agosto, en Ciudad Juárez, en el primer Foro Escucha para la Pacificación y la Reconciliación, cuando López Obrador pidió a los juarenses perdón y olvido. Las víctimas, madres de desaparecidos y asesinados, respondieron: "Sin justicia no hay perdón" y "ni perdón ni olvido".
López Obrador retomó: "Respeto a quienes piensan así, pero en esta ciudad, que ha sido llamada el epicentro del dolor, les digo desde ahora: olvido no, pero el perdón sí va". Le respondieron gritos de inconformidad.
Las protestas se repitieron hasta que, luego de tres meses y 16 sesiones, Durazo anunció la cancelación de los foros, "por falta de tiempo".
Y es que retirar al Ejército de las calles fue uno de los principales reclamos en los foros para la pacificación.
Como entonces, diversas organizaciones, como México Evalúa, presidida por Edna Jaime, consideran que la militarización de las calles no garantiza la pacificación del país; por el contrario, implica el riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos.
"Los resultados obtenidos en los últimos dos sexenios, en los que se apostó por un despliegue importante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, son la evidencia de que esa estrategia no ha funcionado.
"La evidencia que arrojan estudios nacionales e internacionales parece advertir que la ruta planteada por la próxima administración federal no nos llevará a la pacificación del país. Al contrario, implica un fuerte riesgo de sumar más violaciones a los derechos humanos, profundizar el debilitamiento de nuestras instituciones policiales y acelerar la pérdida del control civil de la principal tarea del Estado: la preservación de la seguridad de sus habitantes", señala la ONG.
Indicó que este plan contrasta con la decisión que el pasado jueves 15 tomó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de declarar inválida la Ley de Seguridad Interior, una norma que perpetuaba la presencia de las Fuerzas Armadas en las...
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