La independencia catalana, en prisión
| Autor | Alejandro Gutiérrez |
MADRID.- La solución a la crisis en Cataluña requiere de un gran pacto con base en la "política con mayúsculas", debido a que hasta ahora "nos amparamos en las togas, porque como políticos somos unos inútiles. Una vez que ese proceso llega a un determinado punto de saturación, la justicia empieza a tomar decisiones políticas. Eso se llama gobierno de los jueces", planteó el expresidente español Felipe González la tarde del pasado jueves 22.
Fue una clara crítica a Mariano Rajoy, quien primero como líder de la oposición y luego como presidente (desde diciembre de 2012) ha recurrido continuamente a la justicia para hacer frente a la deriva catalana, pese a ser un tema eminentemente político y social.
González expresó su deseo de que al magistrado Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo encargado de la principal investigación contra el procés, "no se le ocurra meter a (Jordi) Turull (exportavoz de la Generalitat y frustrado candidato a ser investido presidente de Cataluña, esa misma noche) en la cárcel", porque "al independentismo no hay que destruirlo, hay que ganarlo".
Su llamado cayó en oídos sordos: una de las decisiones más importantes sobre el futuro de Cataluña no se tomó en el Congreso de los Diputados ni en el Palacio de La Moncloa, sino en el antiguo Monasterio de la Visitación de las Salesas Reales, sede del Tribunal Supremo, en esta capital.
La tarde del viernes 23 el juez Llarena descabezó casi por completo el liderazgo del independentismo, con su auto de procesamiento contra 25 exconsejeros de la Generalitat, políticos y dirigentes sociales -de 28 investigados- por los presuntos delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia, por impulsar desde las instituciones públicas y asociaciones civiles catalanas un plan predeterminado para celebrar el referéndum del 1 de octubre (1-O), que les permitiera declarar unilateralmente la independencia de esa comunidad autónoma.
Llarena consideró que se trata de un ataque al Estado constitucional, de "una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno".
Ese "diseño criminal", afirma, sigue "latente", por ello ordenó el ingreso en prisión incondicional, sin fianza, de cuatro exconsejeros del presidente destituido, Carles Puigdemont: Turull, que con su entrada en prisión vio truncada su intención de presentarse a una segunda sesión de investidura como presidente de Cataluña, que el Parlament tenía convocada para la mañana siguiente.
También fueron encarcelados los exconsejeros Josep Rull (Territorio y Sos-tenibilidad), Raúl Romeva (Exteriores) y Dolors Bassa (Trabajo), así como la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, bajo el supuesto de que la medida cautelar era por el riesgo de "fuga" y de "reiteración delictiva".
Todos ellos habían comparecido ante el tribunal el 4 de diciembre, aunque alcanzaron libertad bajo fianza, siendo la de Forcadell la más elevada -150 mil euros-por su destacado papel en el Parlament al tramitar la propuesta de resolución que desembocó en la declaración de independencia. En su declaración ante el juez, la diputada acató la intervención que el gobierno central hizo de las instituciones catalanas con la...
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