Ineficacia y simulación sanitarias
| Autor | Beatriz Pereyra |
Amador sabía, desde que abrió su carnicería La Guadalupana, que en la región tenían prohibido vender hígado de res. Ninguna autoridad se lo dijo, pero era conocido por todos que en ese órgano es donde más se concentra la "sal milagrosa", como le llaman al clembuterol. No sólo en Hidalgo, también en Jalisco y en otros estados habían retirado esa víscera del mercado.
Por eso se fue de espaldas cuando vio que sus clientes se intoxicaron con los bisteces que les vendió. La gente se arremolinó en su local para exigirle que pagara por las consultas médicas y tratamientos. El carnicero fue a buscar al señor Jorge García Martínez, quien, asegura, le vendió por 15 mil pesos una canal de 250 kilos, y le hizo atestiguar lo que ocurría. García le dijo que le compró el animal a un ganadero local, a un tal Antonio.
Un par de días después, funcionarios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) tomaron unos 300 gramos de la carne exhibida en el refrigerador y cortaron otro trozo de la misma pieza. Le dijeron a Amador que la mandara analizar.
Los dos análisis resultaron positivos a clembuterol. La Cofepris clausuró La Guadalupana. Los funcionarios informaron que harían una investigación. Al cabo de dos meses, a Amador le impusieron una multa de 98 mil 208 pesos. Caso resuelto. La investigación nunca llegó hasta el en-gordador de la res.
Utilizar clembuterol es un delito federal; la ley impone multas y penas de cárcel a quien la venda, transporte, emplee para la engorda y al que comercie con ganado y productos contaminados con esa sustancia.
Según información del Consejo de la Judicatura Federal, en todo el país sólo cuatro personas han sido sentenciadas, entre 2002 y 2017, por delitos vinculados al uso de este anabólico. Los casos más recientes son de 2013: tres fueron declarados culpables y dos salieron bajo fianza. El otro quedó en "semilibertad". A todos les impusieron multas de entre 3 mil 830 y 30 mil 690 pesos.
Entre los casos no hay ningún sentenciado por traficarla o venderla; dos son engordadores y otros dos, introductores. Uno de ellos transportaba animales que dieron positivo en la prueba, a otros los descubrieron con animales contaminados cuando llegaron a rastros en Chiapas, Estado de México y Morelos.
Único culpable
En Tlahuelilpan no hay rastro municipal y mucho menos un centro de sacrificio con calidad TIF (Tipo Inspección Federal), que avala altos estándares de seguridad y sanidad. En todo Hidalgo, de los 124 rastros y centros de matanza que existen ninguno cuenta con esta certificación. Los centros son propiedad de particulares, casi siempre instalados en sus casas.
Según el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez Cruz, 40% de la carne que se consume en México sale de lugares así. El otro 60%, de centros TIF. En el país existen 2016 rastros en funcionamiento, de los cuales sólo 122 tienen esta certificación.
Como Fernando Amador no presentó pruebas de que le compró la res a García, no demostró cómo la adquirió. García negó ante la Cofepris haberle vendido.
"Me responsabilizaron. Lo único que hicieron fue imponerme una multa y ahí termina el problema. Ya no investigaron a este chavo (García). Si él hubiera dicho: 'Sí, yo se lo vendí, pero yo se lo compré a fulano', entonces creo que hubiera seguido el procedimiento."
-¿Le insistió a la Cofepris que investigara quién le dio el clembuterol al animal?
-Se aferran a lo que hay: "Tú la vendiste, tú eres el responsable. Se acabó". Aunque yo le diga ve y verifica a fulano, pues no lo hacen.
A casi cinco años del incidente, Fernando Amador sigue con el estigma de ser "el carnicero que enfermó a los vecinos". No ha podido recuperar la confianza de sus clientes. Sus ventas se desplomaron 70%; además, reconoce que no tiene manera de distinguir si las canales que compra tienen o no la sustancia ilegal.
Las 17 multas que la Cofepris impuso entre 2013 y 2017 a los rastros donde detectó presencia de clembuterol son inferiores a la que recibió Fernando Amador. Estas oscilan entre 30 mil y 36 mil pesos. Las más severas llegan a 94 mil 500 pesos, como la impuesta a...
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