Ineficaz protección a defensores y periodistas
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
La defensora de derechos humanos Alma Barraza Gómez ha sufrido cinco agresiones en los últimos meses, cada vez más intimidatorias. El 31 de enero pasado desapareció uno de sus hermanos y el 22 de marzo último por la noche murió uno de sus escoltas, Rogelio Hernández López, cuando intentaron secuestrarla. Barraza decidió salir de Sina-loa, su entidad natal.
Desde su refugio temporal, la defensora de comuneros despojados de sus territorios para la construcción de la presa Picachos en esa entidad narra lo que le ocurrió hace un mes:
"Estábamos en medio de la balacera, apreté el botón de pánico para reportar lo que estaba ocurriendo, rogando que nos enviaran refuerzos. La señorita que me contestó me dice: 'Déme su clave de cancelación'. Yo le respondí: '¡Chinga tu madre! ¿No escuchas lo que estoy diciendo? ¿No escuchas los balazos? ¡Nos están matando!'. Fue terrorífico."
La voz se le quiebra, los ojos se le humedecen... El del 22 de marzo tiene sus particularidades, agrega, y menciona los antecedentes:
En noviembre pasado, durante la revisión de su caso en la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas, al que está adherida, su nivel de riesgo fue clasificado como "ordinario", por lo que se instruyó el retiro de medidas de protección que tenía en ese momento: dos guardias de la empresa RCU Sistemas, asignados por el gobierno federal para su custodia desde 2014 (Proceso 1955).
En sesiones anteriores, la Junta de Gobierno le retiró a Barraza cuatro agentes: dos de RCU y otros tantos de la Policía Federal; estos últimos, luego de que en junio de 2016 se lanzó como candidata independiente a la alcaldía de Mazatlán.
Barraza, quien tiene el expediente 46 dentro del Mecanismo, se queja del dis-tanciamiento de las fuerzas federales en cuanto a la protección de activistas y periodistas durante la gestión de Sara Irene Herrerías como subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Unidad para la Defensa de Derechos Humanos (UDDH) de la Secretaría de Gobernación. La activista lo ubica entre mayo de 2015 y septiembre de 2016.
Retoma el relato de la agresión del 22 de marzo: "Se supone que la Policía Federal tendría que apoyarme en mi traslado de Culiacán a Mazatlán. Pedimos el apoyo con 10 días de anticipación y nos dijeron que había operativo, que no nos podían apoyar; yo insistí ese día con Paty Colchero (nueva directora de la UDDH). Se me dijo que los elementos llegarían, pero después, al ver que no llegaban al punto acordado, en la carretera nos dimos cuenta que ya nos estaban "halconeando', por lo que decidimos movernos".
Veinte minutos después de salir de la caseta de Costa Rica, una camioneta Che-rokee se le atravesó a la comitiva de Barraza. Dos hombres armados bajaron del vehículo y se desató la balacera.
"Mientras manejaba -continúa-, en el asiento trasero de la camioneta el guardia que sobrevivió atendía a Rogelio, quien se desangraba. Pedí al Mecanismo una ambulancia y fuerzas...
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