INFONAVIT. Una auditoría poco probable

AutorArturo Rodríguez García

La resistencia del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) a ser auditado detonó un litigio en la actual administración que ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Pese a los múltiples señalamientos que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho el último año sobre corrupción en ese organismo, dedicado a financiar la vivienda de los trabajadores, en los hechos es imposible que una entidad externa al Infonavit revise su operación de los últimos dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no ha podido revisar ningún aspecto sobre el manejo financiero y de cumplimiento de la normatividad que rige al Infonavit, debido a que dos amparos y el consecuente proceso de apelaciones ha dejado en suspenso la facultad auditora respecto a su operación y administración de los recursos para vivienda, que forma parte del sistema de seguridad social.

En las últimas semanas el Infonavit cobró relevancia por señalamientos de corrupción que estaría relacionada con un cheque por 2 mil millones de pesos que el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, entregó a López Obrador por cobros indebidos realizados por una empresa. El origen de esos recursos no es claro, pero fue en columnas políticas donde se difundió que correspondían al Infonavit.

Sin embargo, la FGR rechazó -a consulta expresa de Proceso- tener una investigación abierta sobre el Infonavit o sobre su exdirector, el priista hidalguense David Pen-chyna Grub. La búsqueda de información en la plataforma de la ASF tampoco arrojó resultados de auditoría con el organismo, una acción explicable en la suspensión de que goza como parte de los procesos que sigue para evitar que se le audite.

Resistencias administrativas

El peregrinar jurídico del asunto desembocó en la SCJN que está pendiente de asignarle ponencia a fin de que un análisis constitucional determine si el organismo está obligado a someterse a las acciones re-visoras de la ASF o se debe mantener exenta de esa supervisión.

Con el argumento de que los recursos que administra son de los trabajadores, originados en las aportaciones de los patrones, el Infonavit, por conducto de su representante jurídico, Juvenal Lobato Díaz, sostiene que los dineros del fondo no son públicos, por lo que no tienen por qué auditarse.

El caso fue presentado el 10 de diciembre de 2018 en contra del interés de la ASF por revisar...

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