Informe del GIEI. Represión "masiva e indiscriminada"
| Autor | Francisco Olaso |
BUENOS AIRES.- "Entendemos que la expulsión viene claramente dirigida a que no presente-mos el informe en Nicaragua; I el gobierno no lo quiere en su país. Entonces veremos ahora con la OEA y con la CIDH (Comisión Inte-ramericana de Derechos Humanos) un espacio para poder presentar el informe que hemos venido trabajando los últimos seis meses", dice Amerigo Incalcaterra, jefe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), vía telefónica desde Managua.
Es el miércoles 19, horas después de que el gobierno de Daniel Ortega le informara al GIEI, "de una manera muy diplomática, que entendían que habíamos culminado la misión y que teníamos que dejar el país cuanto antes", refiere Incalcaterra. La misión del GIEI en Nicaragua fue la de investigar los hechos de violencia ocurridos en ese país entre el 18 de abril y el 30 de mayo, en las protestas antigubernamentales por la reforma del sistema de seguridad social que derivaron luego en la exigencia de renuncia del mandatario.
El informe del GIEI -presentado en Washington este viernes 21- considera que la respuesta del Estado a las manifestaciones se dio como "un ataque generalizado y sistemático contra la población civil", a través de la articulación de "la Policía Nacional, alcaldías y grupos paraestatales" que incluyen "grupos de choque", pero también "grupos paramilitares o parapoliciales".
El GIEI verificó un "uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, que incluía la utilización de armas de fuego, entre ellas armas de guerra", "una política de detención arbitraria e ilegítima, de forma masiva e indiscriminada de hombres, mujeres y adolescentes", incluyendo "torturas y agresiones sexuales" contra los detenidos.
En este contexto, "sólo entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, el GIEI registró al menos 109 personas muertas, más de mil 400 heridos y más de 690 detenidos". De ese universo de mil 400 heridos, "al menos 599 son por herida de arma de fuego, lo cual da una dimensión del uso" de las mismas, se lee en el informe.
"Vinimos a este país para trabajar codo a codo con la fiscalía, sugerir acciones, ver qué necesidades adicionales se requerían para avanzar en las investigaciones y la individualización de los posibles responsables, o sea, vinimos a hacer un trabajo de investigación fiscal", asegura Incalcaterra.
"En la medida en que no tuvimos acceso a las investigaciones, nos cerraron las puertas de los tribunales, no pudimos acceder a las instituciones de medicina...
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