El paraíso de las inmobiliarias
| Autor | Gloria Leticia Díaz |
Susana Kanahuati y Josefina MacGregor tienen intensa actividad en la red social de Twitter. Aconsejan qué hacer cuando una constructora derriba árboles sin permiso, dicen cómo explorar la página de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sedu-vi) para verificar el uso de suelo aplicable para un predio u orientan a ciudadanos con viviendas dañadas por edificaciones vecinas...
Forman parte de un grupo multidisci-plinario de 40 ciudadanos que a golpe de denuncias contra construcciones que alteran el entorno de sus colonias y su calidad de vida, adquirieron conocimientos de la normatividad urbana de la Ciudad de México.
Son ciudadanos que analizan leyes, reglamentos, normas, decretos... todo lo que tenga que ver con el desarrollo urbano de la capital. Quieren proponerle a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presidida por Manuel Granados -quien fuera subalterno de Miguel Mancera en la Procuraduría General de Justicia- reformas que unifiquen criterios jurídicos. Buscan lo que diputados locales les han comentado que es "muy difícil": Tener certeza jurídica.
Integrantes también del Patronato San Ángel, en entrevista con Proceso, Kanahuati y MacGregor coinciden en que la gran actividad de las redes sociales en la Ciudad de México para denunciar anomalías es el resultado de la falta de respuesta de las autoridades delegacio-nales y del gobierno central, ante lo que, afirma la segunda, es "un mercado inmobiliario de locura, con una Ley de Desarrollo Urbano que dejó Marcelo Ebrard en 2010 y que abrió las puertas para que las empresas inmobiliarias operen como ellas quieren. Es una ley a favor del inmobiliario, no del ciudadano".
"La Seduvi dice: 'Yo informo de cambios de uso de suelo y doy permisos de buena fe'. La delegación dice: 'Yo doy manifestación pero no reviso la autenticidad de documentos' y sólo actúa si hay una denuncia ciudadana. El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) actúa si le avisa la delegación y si tiene verificadores y la Procuraduría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (PAOT) no tiene facultades para implementar una sanción, y si pides información de alguna construcción, te la niegan alegando que es por protección de datos personales."
Las redes sociales han dado algunos resultados satisfactorios, señalan las activistas. Recuerda Kanahuati: "Hubo una guerra de Twitter a finales del año pasado cuando nos enteramos de que la Asamblea tenía un paquete de más de 40 solicitudes que les envió la Seduvi para que les aprobaran el cambio de uso de suelo; al final evitamos que se aprobaran de un golpe".
Vecinas de una zona clasificada como patrimonial, aprendieron la ruta de la denuncia recorriéndola: Dan seguimiento a 45 denuncias sólo en las colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, en la delegación Alvaro Obregón.
En el camino encontraron datos que justifican la inquietud de los habitantes de la ciudad frente a grandes construcciones: "De 100% de las construcciones que hay en la ciudad, solamente 3% están haciendo estudios de impacto urbano".
Ornar Karim de la Vega, presidente del Comité Condesa, otro recurrente usuario de las redes...
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